Imperdonable ¿error? de la postuladora

Solo quien ejerce función pública sabe y conoce de la dificultad que es la administración del erario del Estado.  Fácil no es, bajo ninguna circunstancia tener que lograr una eficiencia en la ejecución y al mismo tiempo ejecutar efectivamente un presupuesto que, aunque limitado, tiene un mandato de ley, así como una responsabilidad importante hacia la población.  Por ello, ya sea funcionario o empleado, desde lo administrativo, hasta lo funcional específico -juez, diputado o alcalde-, por citar algunos ejemplos, que se logre contar con una validación de su trabajo anterior, o bien que cumpla con responsabilidad de probidad, son elementos indispensables para evaluar a un potencial candidato a cualquier puesto, especialmente los públicos.

Al conocer el listado de los 40 aspirantes a Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, aunque el ejemplo aplica a cualquier otro cargo equivalentemente importante, se denotó que el 100% de las personas acreditaron haber cumplido, en algún tiempo u otro, una función pública.  En tal virtud, el listado estaba lleno de “ex”. Exmagistrados, exjueces, exfuncionarios. O bien personas aun ejerciendo dicha función. Solo esa noticia debiera dar por sentado que la entrega de finiquitos es una obligación de tener, presentar, pero por sobre todo de requerir por quienes por mandato de ley estaban obligados a evaluar sus hojas de vida, con sus respectivas experiencias.  Pero conocer que la Contralora General de Cuentas remitió la información correspondiente y ésta no fue tomada en cuenta, es terriblemente decepcionante para una comisión postuladora que en apariencia reunía todas sus capacidades para realizar una buena elección.

La acción de la Contralora, en toda virtud efectiva al dar a conocer quiénes contaban y quiénes no con el finiquito correspondiente, responde a un aliento de necesidad que tiene la población, la sociedad e inclusive los pares funcionarios públicos, en donde se han tenido graves experiencias de corrupción en puestos anteriores y que dichas personas repiten años después en nombramientos similares, sin que se investigue su participación en acciones de corrupción o bien al menos de aclarar las dudas que corresponden a la gestión anterior. No haberlos tomado en cuenta al momento de la evaluación del perfil, de los requisitos y de la idoneidad, simplemente es un error que no es permisible ni perdonable.   La gran pregunta aquí es si efectivamente se trató de un error o no por parte de la Comisión Postuladora.  La prerrogativa de no tomar en cuenta esa información, pareciera sugerir para quien piensa mal, que la elección y sus elegidos, estaba ya arreglado, y más aún, preguntarse si no existió colusión entre quienes postularon y quienes elegirán a los futuros magistrados.

Sin acciones de transparencia desde la raíz, o desde los mismos procesos, no importa quienes integren las comisiones de Postulación, igualmente los resultados no serán prometedores. ¿Y la virtuosa sociedad civil? Nada dijo de haberse obviado ese requisito tan importante y que ellos mismos en el pasado han reclamado. Olvido o descuido también imperdonable.