La seguridad del IGSS, un negocio entre “antiguos”

El primer deber de todo militar es observar la subordinación y la disciplina, que consisten en la debida obediencia y el respeto constantes y absolutos del inferior al superior y/o antiguo… las órdenes del superior deben cumplirse sin vacilación, sin murmurar y sin observación ni reclamo alguno, aun cuando hubiere lugar a uno u otro, hasta después de haberlas cumplido.

Este mandamiento del Código Militar lo han aplicado los soldados a su vida personal, de tal modo que en todo acto donde concurren dos o más militares, los inferiores en grado o antigüedad, prestan siempre atenta deferencia y obediencia a sus antiguos, aunque ya esten retirados y sean civiles.

De tal manera pareciera ocurrir con una licitación en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), donde la Junta Directiva presidida por Juan de Dios Rodríguez (exmayor del Ejército), improbó un contrato ya firmado con la empresa Wackenhut para proveerle seguridad y vigilancia a sus unidades médicas y oficinas, y ordenó realizar un nuevo concurso que benefició a Servicios de Seguridad Integral, S. A. (Omega 2000), dirigida por exmilitares cercanos al actual gobierno, gracias a una cláusula de experiencia que solo esta cumplía, y descalificó a siete firmas que presentaron ofertas más baratas.

El 7 de febrero de 2013, el IGSS adjudicó un contrato por Q30 millones a la empresa Wackenhut de Guatemala, S. A., para proveer el servicio de vigilancia y resguardo de sus instalaciones con 250 agentes por un plazo de dos años. La Junta Directiva del IGSS aprobó lo resuelto por la Junta de Licitación.

Pese a que Wackenhut ya había firmado el Contrato Administrativo Número 219-DSC/2013, y estaba contratando a los 250 agentes que prestarían el servicio, el 12 de abril el secretario de la Junta Directiva del Seguro Social, Maynor Florián Carbonell, le notificó al gerente, Arnoldo Aval Zamora, que dicho contrato había sido improbado por la Directiva debido a un error en la fecha de recepción de la fianza de cumplimiento, de acuerdo con el Oficio Número 1089 firmado por Florián Carbonell.

El error consistía en que el sello de recepción de la fianza de cumplimiento consignaba el 1 de marzo de 2013, mientras que la fianza había sido emitida el 15 de marzo de 2013.

Pese a que la Jefe del Departamento de Servicios Contratados a través de un oficio indicó que la fecha fue “consignada erróneamente” en la fotocopia de recepción de la fianza, la Junta Directiva no lo dio por válido y argumentó: “la fecha 1 de abril, como fecha de recepción de la fianza, no consta en el expediente, por lo que no queda acreditado ese extremo de conformidad con la ley…”. La nueva administración de Juan de Dios Rodríguez, quien asumió la Presidencia del IGSS el 1 de abril, anuló el contrato y ordenó realizar un nuevo concurso que subió al portal electrónico Guatecompras el 28 de mayo de 2013.

Para esa nueva licitación se modificaron las bases, se cambió la ponderación de 70 a 90 puntos para la empresa que presentara la oferta más baja, y también se incluyó una cláusula que requería que las oferentes debían demostrar haber ganado al menos cinco licitaciones para prestar servicios de seguridad similares, con entidades públicas con al menos 50 agentes durante los últimos cinco años (enero de 2008 a enero de 2013).

La fecha de recepción de ofertas de la nueva licitación fue prorrogada en seis ocasiones hasta el 23 de diciembre de 2013, y se amplió el número de agentes requeridos de 250 a 300, de acuerdo con los registros del portal de compras del Estado Guatecompras.gt

En esa fecha, ocho sociedades anónimas presentaron ofertas: Servicios de Seguridad Integral (Omega 2000) por Q38.7 millones; Seguridad para la Industria ofertó Q21 millones; Protección Metropolitana ofertó Q36.5 millones; Empresa de Seguridad Particular Elite con Q33.5 millones; Corporación de Seguridad Comando Sur ofertó Q32.4 millones; Wackenhut de Guatemala ofertó Q38.9 millones; Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala Q32.8 millones; y Security Professional Systems ofertó Q32.4 millones.

Descalifican a competidores

Tras analizar las ofertas recibidas la Junta de Licitación, integrada entre otras personas por Verónica Genoveva Crespo Villegas, hermana del presidente del Congreso, Arístides Crespo, resolvió adjudicar el concurso a Omega 2000 y descalificó a las otras siete empresas por errores en el formulario y por no cumplir la cláusula de experiencia.

Seis de las siete empresas fueron descalificadas por haber sellado el formulario justo abajo del nombre del representante legal, como es usual en muchos concursos, y además totalizaron la oferta por los 300 agentes, en lugar de presentar una por 250 agentes como se requirió originalmente y otra por los 50 agentes adicionales.

La única oferta aceptada fue la de Omega 2000, que obtuvo una calificación de 100 puntos por parte de la Junta de Licitación, y mientras que la oferta de Wackenhut fue descalificada al final al no poder demostrar que contaba “con al menos cinco contratos vigentes con entidades del Estado, derivados de procesos de Licitación”, según consta en el Acta de Calificación y Adjudicación firmado por todos los integrantes de la Junta el 3 de enero de 2014.

Lo actuado por la Junta de Licitación de adjudicar el contrato a Omega 2000 fue aprobado por la Junta Directiva del IGSS el 16 de enero de 2014, durante una sesión extraordinaria, según notificación firmada por Florián Carbonell del 17 de enero pasado. La Gerencia del IGSS trasladó dicho oficio de aprobación al Jefe del Departamento de Servicios Contratados, para continuar con los trámites correspondientes (elaboración y firma del contrato), según nota firmada por Erick Cordón, secretario de Gerencia, el 20 de enero. El contrato aún no ha sido publicado en el portal de Guatecompras ni consta tampoco su remisión a la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC).

Omega 2000 fue la única empresa que acreditó tener al menos cinco contratos vigentes con entidades públicas por al menos 50 agentes, gracias a los contratos obtenidos durante el actual gobierno con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), adjudicado en agosto de 2013 por Q8.03 millones; con la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) adjudicado en mayo de 2013 por Q5.7 millones; con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), adjudicado en octubre de 2012 por Q5.6 millones; con el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), adjudicado en mayo de 2012 por Q2.5 millones; y con la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), adjudicado en enero de 2012 por un monto de Q8.7 millones, según el portal Guatecompras.

Durante el actual gobierno (2012 a la fecha) a Omega 2000 le han adjudicado contratos por Q85 millones, que representan más de la mitad (58 por ciento) de los contratos totales obtenidos con entidades públicas desde 2004 (totalizan Q145.6 millones).

Agentes más caros

La empresa Omega 2000 había participado en la anterior licitación que ganó Wackenhut con una oferta de Q25.08 millones por 250 agentes, con un costo de Q4 mil 180 mensuales por agente; sin embargo, en esta nueva licitación su oferta fue de Q38.7 millones por los 300 agentes, lo que representa un costo promedio de Q5 mil 376 por agente al mes, un incremento del 23 por ciento (Q8.1 millones) con respecto a la licitación anterior.

Estas irregularidades molestaron a los competidores descalificados, sin embargo, no presentaron ninguna inconformidad o revisión del proceso. Los personeros de Wackenhut se abstuvieron de opinar al respecto, debido a que solo su casa matriz, G4S, la mayor empresa de servicios de seguridad del mundo, con presencia en más de cien países y 585 mil empleados con sede en Londres, Inglaterra, puede dar declaraciones.

Un representante de otra empresa descalificada señaló que todo el proceso estuvo amañado, ya que se modificaron en seis ocasiones las condiciones y fecha del concurso. Indicó que al final el IGSS adjudicó el contrato a la empresa más cara, ya que el costo promedio del servicio por agente en el mercado es de entre Q4 mil 300 y Q4 mil 500 al mes.

“Al final decidimos no impugnar la licitación, porque es ponerse a pelear con el actual gobierno y a nadie le conviene eso”, declaró el ejecutivo, quien solicitó el anonimato.

Se intentó entrevistar a Dominga Cuéllar, subgerente de Integridad y Transparencia del IGSS, para aclarar las dudas existentes sobre la licitación, sin embargo, no respondió a las llamadas y mensajes telefónicos que se le dejaron con su secretaria personal.

Para Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana capítulo nacional de Transparencia Internacional, este tipo de concursos dirigidos, que no cumplen con ningún estándar de competitividad, son la norma en las instituciones del Estado.

“Al poner tanto detalle y especificidades, buscan que solo una empresa lo cumpla. Son concursos apalabrados, la corrupción es una epidemia que se está expandiendo cada vez más”, indicó.

Según el analista, no es sorpresa que la empresa adjudicada (Omega 2000) esté dirigida por antiguos integrantes de la Escuela Politécnica. “Un gobierno de tinte militar, es un gobierno que favorece a su casta. Las contrataciones de militares en las diferentes dependencias y empresas de militares no son nada extraño ahora”, señaló.

En el caso de la repetición de un concurso, explica que han encontrado casos de empresas que para ganar un concurso, si en el primer intento no lo logran, buscan una segunda oportunidad anulando el primero, o se van por la adquisición por excepción.

No hay interés del IGSS por transparentar los procesos ni las compras. “La compra pública ya no se rige por la competencia sino por recursos asignados a financistas, a amigos y a familiares. La corrupción de estas redes es impresionante”, concluye Marroquín.

Vínculos con funcionarios

La gran mayoría de empresas de seguridad que operan en Guatemala son dirigidas por exmilitares debido a su experiencia, don de mando y formación en materia de seguridad.

Este es el caso de Omega 2000, fundada en 1997, la cual en su página web indica que es parte de la Corporación ProTechTeam presidida por Moti Attias, un exagente del servicio secreto israelí (Shin-Bet). Entre sus directivos figuran los guatemaltecos Héctor Estuardo Rodríguez Ruiz, excapitán del Ejército y exgerente general de la empresa; su hermano, el coronel Edgar Fernando Rodríguez Ruiz; y el exteniente coronel José Efraín Meléndez Samayoa, representante legal de Omega 2000. También figuró el excoronel Jesús Efraín Aguirre Loarca, encargado de presentar las ofertas en otras licitaciones anteriores.

Edgar Rodríguez egresó de la Escuela Politécnica como parte de la Promoción 93 (1977) la cual fue apadrinada por la Promoción 73, a la cual pertenece el presidente Otto Pérez Molina; su último puesto fue como director de personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional y segundo comandante del Comando Superior de Educación del Ejército (Cosede).

Algunos de sus compañeros de promoción son funcionarios del actual gobierno, como el general Ulises Noé Anzueto Girón, exministro de la Defensa y actual Secretario de Inteligencia de la Presidencia; Edy Byron Juárez Prera, actual viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación, que dirige el exteniente coronel Mauricio López Bonilla; Pablo Eduardo Urías Palacios, asesor de la Policía Nacional Civil; y Edwin Giovanni Pacay Paredes, oficial de Inteligencia muy cercano a Pérez Molina, quien fue asesinado en 2007.

Héctor Estuardo Rodríguez egresó de la Promoción 86 (1973), la cual es hermana de la Promoción 85 (mismo año 1973), a la cual pertenece Walter David Zepeda, jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS).

Mientras que el excoronel Jesús Efraín Aguirre Loarca fue vocal de la directiva del Instituto de Previsión Militar (IPM) que aprobó las fallidas inversiones en EE. UU., donde se perdieron Q97 millones invertidos en Lehman Brothers y Pension Fund of América (PFA). Aguirre Loarca también fue vinculado como testigo por el caso de la captura y desaparición del exguerrillero Efraín Bámaca Velásquez, llevadas a cabo el 12 de marzo de 1992 por militares. Por este hecho, su viuda, Jennifer Harbury, pidió que sea investigado el presidente Otto Pérez Molina, quien entonces fungía como jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (D-2)

Otro vínculo de Omega 2000 con funcionarios del actual gobierno, es con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien en su hoja de vida detalla que trabajó como consultor de la empresa Omega 2000 para certificarla bajo el Sistema de Gestión en Control y Seguridad de World Basc, para brindar seguridad a puertos y aeropuertos.

Además de formar militares, la Escuela Politécnica forja grandes amistades y sobre todo lealtades, una promoción apadrina a otra y con esto se van uniendo lazos que normalmente duran hasta la muerte, es por esto que es normal encontrar exoficiales bajo el mando de otros que ahora son funcionarios de Gobierno, o como sus asesores.