¿Quién manda en Guatemala?

Ramón Parellada

Me sorprende la cantidad de versiones contrarias entre sí por abogados constitucionalistas expertos sobre el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que declaró con lugar un amparo sobre la fecha en que debía finalizar la gestión de la Fiscal General Claudia Paz y Paz. Antes de que el abogado Ricardo Sagastume interpusiera el amparo había muchas dudas sobre esta fecha. Preguntar a la CC sobre la fecha exacta fue responsable y necesario para definirla.

El abogado constitucionalista Hugo Maúl comentó que el amparo provisional que se le otorgó a Ricardo Sagastume tuvo efecto definitivo y no hay marcha atrás. Marta Altolaguirre, presidenta del Centro para la Defensa de la Constitución, coincide con la opinión de otro gigante constitucionalista, Gabriel Orellana, en que el fallo está claro y de acuerdo a la Constitución, cualquier error del pasado no sienta precedente para el futuro.

Si los grandes constitucionalistas dan por correcta la actuación de la CC y se debe acatar su resolución, entonces: ¿Por qué la Fiscal está tratando de ser superior a la Ley para aferrarse al poder y alargar su período? Ella debe ser la primera en cumplir con la Ley. Podemos estar de acuerdo o no y expresar libremente nuestra opinión, pero eso es diferente a las presiones que la entidad que dirige ha ejercido directa o indirectamente sobre los magistrados de la CC.

¿Por qué se le permite al Embajador de Estados Unidos y de otros países tener tanta injerencia en los asuntos internos? Escuchaba en la radio a Raquel Zelaya mencionando el caso de la elección apretada entre Bush y Gore en el 2000. A pesar de que Gore recibió más votos, el sistema electoral americano declaró ganador a Bush porque obtuvo más votos electorales. Una vez se dio esta resolución por la autoridad más alta en materia electoral, todos acataron el resultado sin hacer más bulla. ¿Qué hubiera pasado si el Embajador de Guatemala protestara como lo hizo ahora el Embajador americano y otros embajadores?

No es normal que los embajadores tengan tanto poder y tanta injerencia en los asuntos internos y soberanos de este país. Lo vimos en el caso contra Ríos Montt y lo vemos ahora. ¿Quién manda en realidad en Guatemala?

Para beneficio de los guatemaltecos, el saltarse el debido proceso ha significado un revés a la izquierda radical para quienes el fin siempre ha justificado usar cualquier medio. Pero estos medios no válidos no pueden justificar ningún fin y la plana se está enmendando, se hizo en el caso de genocidio y se hizo ahora con la fecha en que debe elegirse al nuevo fiscal.

Acaba de venir William Brownfield, subsecretario de Estado de los Estados Unidos de América para Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y de Seguridad. Brownsfield no tuvo más remedio que enmendar la plana de su embajador al decir que acepta la decisión de la CC. La injerencia de otros gobiernos existe porque nuestros gobernantes lo han permitido.

Quienes querían que el período de la Fiscal terminara en diciembre y no en mayo dicen que se está violando y destruyendo el Estado de derecho. ¿Pero de cuál Estado de derecho hablan? Uno que se acomode a lo que ellos quieren, lo cual beneficia a unos a costa de otros. Eso sería todo menos un verdadero Estado de derecho.

Necesitamos un Estado de derecho verdadero en Guatemala, en el que exista igualdad ante la Ley, certeza jurídica y que los derechos individuales a la vida la propiedad y la libertad sean respetados sin excepción. Por ello, la Constitución los garantiza y lo hace a través de un estricto sistema de división de poderes. Entonces, y solo entonces, no importará quién mande en Guatemala.