El camino a seguir

JORGE JACOBS A

Mis artículos recientes han sus-citado muchos comentarios, respuestas y ataques de parte de la gente que se ha escandalizado por los mismos. Puedo resumir los argumentos utilizados en cuatro áreas: en contra de la corrupción y abusos, de la contaminación, de las regalías y en contra de las grandes fortunas. El ejemplo más mencionado actualmente es el de Chixoy. Es bueno que se mencione porque revela una de las principales raíces de los problemas: el involucramiento de los gobernantes en tareas que no les corresponden. Chixoy fue el proyecto estatal de los 70 y principios de los 80. Como en casi toda obra gubernamental, hubo mucha corrupción e ineficiencia de por medio, lo que llevó a que su costo final fuera dos veces y media el originalmente planteado. A eso hay que añadir la represión contra las comunidades desplazadas a la fuerza. Estamos claros que en ese proceso hubo corrupción y abusos. Lo importante es quién los realizó.

En el tema de la contaminación, en las hidroeléctricas el argumento realmente es muy jalado. En el caso de la minería, que sí ha sido a lo largo de la historia una industria contaminante, durante las décadas recientes han mejorado considerablemente sus métodos debido precisamente a las presiones al respecto que han recibido, al grado que han pasado a ser de las industrias más preocupadas por la huella que dejan.

En cuanto a los ingresos que generan, en el caso de las minas, si se toma en cuenta todos los impuestos que pagan, que no son solo las regalías, el nivel es similar a lo que se paga en buena parte del mundo. Aquí, nuevamente, el énfasis se debe hacer sobre quién recibe ese dinero y a dónde va a parar.

Por último, la animadversión que tienen muchos contra las “grandes fortunas” y las empresas transnacionales, es poco lo que se puede hacer por revertirla. Lo que puedo decir es que las inversiones necesarias para proyectos de esta envergadura son muy altas. En el caso de las minas en Guatemala, por ejemplo —que no son de las más grandes del mundo— se necesitan inversiones entre quinientos y mil millones de dólares. ¿Quién tiene acceso a ese nivel de financiamiento? Las “grandes fortunas” y las “grandes empresas”.

En varios de los puntos el común denominador es la acción de los gobernantes. El problema es que la solución que algunos proponen es más involucramiento de los mismos, cuando lo que se debiera buscar es que se involucren lo menos posible. De allí la propuesta que yo apoyo de devolverles a los propietarios del suelo el derecho legítimo sobre el subsuelo a través de Títulos de Usufructo del Subsuelo.

¿Quiere evitar la corrupción? Mientras menos estén involucrados los gobernantes, menos corrupción habrá. ¿Quiere que los beneficios de la explotación de los recursos naturales lleguen realmente a las personas? Pues es mejor que ellas tengan la propiedad de los recursos y que los negocien directamente con quien los vaya a explotar —si ellos no lo pueden hacer directamente— a que quien lo aproveche sea un funcionario corrupto que se quede con una buena parte de la negociación. ¿Tan difícil es entenderlo?