Tormenta política está por desaparecer

Los actores institucionales principales fueron, en orden de aparición, el embajador estadounidense, el presidente de la República, la Corte de Constitucionalidad y el subsecretario de Estado para América Latina en el tema del narcotráfico, así como la Cancillería de Estados Unidos y la Embajada de Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y países de la Unión Europea. Se unieron diversas organizaciones sociales guatemaltecas e internacionales, más editorialistas, columnistas y redes sociales.

La interpretación correcta de lo ocurrido es fundamental para entenderlo y para saber qué esperar en un futuro de mediano o largo plazo en la manera de actuar de Estados Unidos, tan difícil de entender algunas veces. En esta ocasión, todo quedó claro: el subsecretario visitante aceptó, como debía, la independencia de criterio de Guatemala, que tiene el derecho a que sus instituciones funcionen, aunque sus decisiones sean equivocadas o no reciban un apoyo unánime.

Sin embargo, reiteró su apoyo a la Fiscal saliente, y otorgó 4.9 millones de dólares al funcionamiento de la Cicig, que por la vía de su comisionado pidió transparencia en el proceso de escogencia del nuevo Fiscal. Esto ocurrió a menos de una semana de la declaración del embajador, que manifestaba una posición de hecho diametralmente opuesta.

Analizando el asunto desde una posición de optimismo, se puede señalar que el huracán político que se veía venir se convirtió en un chubasco que tiene todas las posibilidades de terminar, siempre que el Gobierno de Guatemala tenga especial cuidado en no provocar nuevos enfrentamiento debido a que haya una falta de la transparencia que esperan y cuya ausencia extrañan todos los guatemaltecos conscientes.

Otro elemento que quedó claro es la necesidad de que las instituciones nacionales, como las cortes, actúen de manera tal que no provoquen innecesarias críticas y tampoco contribuyan a que los ciudadanos se sientan decepcionados, como consecuencia de que el lenguaje utilizado sea oscuro y/o ambiguo. La claridad en el mensaje es tan importante como la fundamentación teórica en la que se basan los dictámenes. No por ser incomprensibles para la generalidad son mejores. Todo lo contrario.

Queda abierto un lapso de tres meses para que se emprendan con serenidad y responsabilidad todas las acciones previas a la escogencia de quien dirija la Fiscalía General. La lección principal dictada por todo esto se reduce en pocas palabras a que ya está quedando atrás la época en que tanto dentro como fuera del país se podía actuar sin tomar en cuenta la auditoría social, cuyos juicios son implacables e inapelables.