Luego de mi artículo de la semana pasada sobre el incoherente deseo de algunos -en teoría, la mayoría- de regresar a la edad de piedra, ahora resulta que esa mayoría, o por lo menos todos los me criticaron a través de las redes sociales, me espetaron que no se oponen a la minería, sino a las supuestas pocas regalías que genera, a la corrupción con que supuestamente se trabaja y a los posibles daños medioambientales que produce. ¿Será cierto o simplemente cambiaron el discurso para evitar el ridículo de verse descubiertos, ya sea queriendo en efecto regresar a la edad de piedra o mostrando su completa incoherencia en el tema?
La evidencia me indica que a lo que se oponen es a la minería. Pero no le hagamos caso a esa evidencia. Supongamos que, en efecto, ellos no desean que esta se acabe sino simplemente que se haga “correctamente”. Si eso es lo que realmente les preocupa, entonces les propongo la solución para reducir esos problemas.
Estoy convencido de que el problema de raíz con la minería viene de mucho atrás. Cuando los españoles llegaron acá, uno de sus principales propósitos era apoderarse de los metales preciosos y llevárselos a España. Para ello decretaron, conforme a su tradición jurídica, que el subsuelo era del rey. Sin más, todo lo que había debajo del suelo era del rey y, por tanto, estaba en su derecho de llevárselo.
Esa tradición jurídica se perpetuó en nuestra legislación luego de la Independencia, de tal manera que el subsuelo pasó de ser del rey a ser del Estado. En teoría, el Estado somos todos y, por tanto, el subsuelo debiera ser “nuestro”. En la práctica, es el Gobierno el dueño del subsuelo y quien decide qué se hace con él. De allí surgen todos los problemas arriba mencionados.
¿Cuál es entonces la solución? Devolverles a los legítimos propietarios, es decir, a los guatemaltecos, la posesión y, por lo mismo, los beneficios del subsuelo. Le puedo garantizar que si una persona o una comunidad tienen el derecho de utilizar los recursos del subsuelo en su mejor beneficio, llegarán al mejor acuerdo posible para todos los involucrados a la hora de utilizarlos. Se acaba el problema de las regalías, porque el propietario de los derechos, el dueño del suelo —sea una persona individual o una comunidad—, negociará los mismos de la forma que mejor le convenga.
Se reduce también la posibilidad de corrupción en las negociaciones, debido a que ya no serán funcionarios públicos quienes las realicen sino los propios dueños de los derechos. Los funcionarios públicos tienen la tentación y el incentivo de tratar de quedarse con una parte de la negociación, lo que da origen a la corrupción. Para el propietario de los derechos, por otra parte, no tiene ningún sentido engañarse a sí mismo.
¿Cómo se hace ese cambio? Sencillo. Extendiéndoles a todos los legítimos propietarios del suelo un Título de Usufructo del Subsuelo. De esta manera, serán ellos quienes negociarán su utilización, los beneficios que más le convengan y las salvaguardas necesarias para su correcta preservación.
¿Está de acuerdo con ese cambio? ¿O prefiere seguirse oponiendo a la minería y regresar a la edad de piedra?
Publicado el 3o de enero de 2014 en www.prensalibre.com http://www.prensalibre.com/opinion/mineria_0_1075692444.html
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