Falla intervención operativa de aduanas

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) atribuyó que el incumplimiento de la meta de recaudación de Q47 millardos, se debió a que en las aduanas los ingresos fiscales fueron insuficientes. Según los números del ente recaudador, el crecimiento por importaciones fue de 0.2 por ciento, mientras que la meta era de 7.2 por ciento, es decir que el ingreso en relación con sus objetivos cayó Q1,375.6 millones.

El Ejecutivo, para corregir las cifras, anunció el 15 de octubre una intervención aduanera con la cual aseguró que la recaudación sería óptima. Al mismo tiempo, pidió que se aprobara la Ley de Aduanas con urgencia, a fin de lograr en las últimas semanas del año un mayor ingreso al fisco.

Las acciones, sin embargo, dejaron insatisfechos al sector productivo. Según Raúl Antonio Palma, presidente de Servicios Integrados ATA, expertos en importaciones y exportaciones, las revisiones no se efectúan bajo criterios netamente técnicos, primero por no tener la capacidad operativa necesaria para cubrir la demanda; y segundo, porque hay intrusión militar.

“Estos recintos están colapsados, existe tal congestionamiento que retrasan hasta por 24 horas el paso de un contenedor, y esto se refleja en pérdidas para el comercio y para el fisco”.

Al respecto, Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham, por sus siglas en inglés), opinó que al cumplirse los tres meses que se establecieron para medir los resultados de la acción militar solo se percibe atrasos y pérdidas para los empresarios.

“Tenemos una Ley de Aduanas vigente que no se aplica porque las aduanas están intervenidas, entonces, es tan sencillo ver las estadísticas tributarias para darse cuenta que no funcionó esa intervención”, subrayó.

La Amcham espera que en la primera reunión de la Comisión Nacional para la Prevención y Combate de la Defraudación Aduanera y Contrabando (Conacon), que se llevará a cabo el próximo miércoles, se evalúen los resultados y se decida si continuará la acción.

Se solicitó al departamento de Comunicación de la SAT una entrevista con la intendente de Aduanas, Claudia Méndez; sin embargo, argumentaron que “era difícil” el contacto con la funcionaria.

Primera oposición

Los empresarios piden la aplicación de la ley vigente; sin embargo, han presentado los primeros reparos. En el Decreto 14-2013, Ley Nacional de Aduanas, se contempla la implementación de un marchamo en los contenedores.

Pero la Coordinadora Nacional de Transporte (CNT) muestra desde ya su oposición a esta medida, debido a que los transportistas deberán cancelar un costo de US$30 por cada operación de transporte, indicaron sus directivos.

Julio Artemio Juárez, presidente de la CNT, asegura que este cobro contraviene los tratados internacionales que velan por la facilitación del comercio, “desde ya nos oponemos a ese pago y anunciamos que de intentar aplicarlo tomaremos medidas”.

El presidente de la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios (Cecoms), Guillermo González, espera a que se haga una revisión junto al Ejecutivo y la SAT, sobre las medidas y los objetivos que se tenían al momento de implementar la intervención y de la ley.

El empresario resalta, que, aunados a las complicaciones que  ya se mencionaron se le debe sumar el cambio de tarifas que se han realizado en la Portuaria Quetzal.

“Se debe hacer una revisión completa de la medida para decidir si vale la pena continuar, porque hasta el momento no incentiva las inversiones”. 

 Guillermo González, presidente Cecoms.

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