Último capítulo de la legislatura

La última semana en el Legislativo estuvo más activa que los once meses anteriores. La falta de liquidez del Gobierno y la cercanía de los plazos para elegir Junta Directiva del Congreso y aprobar el Presupuesto 2014, obligó al oficialismo a buscar atajos.

 El primero, implicó limar asperezas con los Alejos, gestores de la alianza Todos-Gana-Unionista-Victoria. La carta de cambio fue el apoyo del Patriota –a regañadientes– a modificar la Ley Electoral. Reforma que no solo se presenta como el gran logro de Roberto Alejos, sino además, que aspira a minimizar la dependencia de su partido de la pauta provista por el “Ángel de la Democracia”. Con esta operación, los naranja sumaron 27 votos, que junto a sus 55, y el apoyo de UCN, PRI e independientes, le permitió construir una mayoría de 90 legisladores.

 El segundo atajo implicaba construir una mayoría calificada para suspender la interpelación, o en su defecto, encontrar otra salida. Ante el fracaso de la primera, la alternativa fue apelar a un argumento jurídico-procedimental. Inspirados en el precedente 1-2013, que permite suspender un juicio político con 80 votos cuando se conoce un tema de orden constitucional o se acerca un plazo fatal, el pleno razonó que el préstamo con el BID cumplía tal requerimiento, pues implicaba financiar un Presupuesto cuyo sustento se encuentra en la Constitución. Menudo precedente. Bajo dicha deducción, prácticamente cualquier tema podría considerarse “de orden constitucional”, por lo que una mayoría oficialista de 80 votos tendría la potestad de bloquear para siempre los juicios políticos contra funcionarios de Gobierno.

 Aun así, los designios del Patriota se quedaron cortos. El paquete de fin de año, que contenía préstamo, Presupuesto 2014, Junta Directiva y reforma a la Actualización Tributaria solo podría concretarse si los naranjas cedían en algo. Reducir Presupuesto 2014 o sacrificar la Presidencia del Congreso era la disyuntiva. Al final, la decisión fue mantener el control de espacios en el hemiciclo, y regocijarse por el préstamo que asegura se salden los intereses patrimoniales de burócratas y financistas. Mientras que al Gobierno le tocará operar con el mismo Presupuesto, escenario para el cual las autoridades de Finanzas ya están más que preparadas.

 No obstante, el segundo año de la Legislatura cierra con tres legados negativos. El abuso y la desfiguración de la interpelación por parte de la oposición es el más evidente. Pero lo más funesto para la institucionalidad es la “nueva” potestad de suspender un juicio político con 80 votos, pues debilita un instrumento de control y contrapeso; y el abuso del oficialismo de aprobar legislación de urgencia nacional, que menoscaba aún más la incipiente cultura de debate parlamentario.