“La Ley Electoral no debe negociarse”

Dávila coincidió con el diputado independiente José Echevarría, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, en cuanto a la necesidad de fortalecer el Tribunal Supremo Electoral (TSE), al haber participado ayer en el programa Diálogo Libre, que se transmite a través de www.prensalibre.com.

¿Cuál es el principal cambio que figura en la propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos?

Echevarría: Nosotros como Comisión de Asuntos Electorales hemos trabajado las reformas electorales desde hace dos años. Hemos tenido participación de la sociedad civil, académica, empresarial, y ha tenido una muy buena respuesta. Se han pronunciado organizaciones técnicas y políticas. Es una reforma abierta.

Con las encerronas efectuadas, ¿no ha quedado alejado eso de la realidad? ¿Hubo tal apertura y transparencia o se trataron de llevar los acuerdos entre grupos de poder mayoritarios del Congreso?

Echevarría: Nos dimos cuenta de que no hay voluntad política interna —en el Congreso—, en donde necesitamos que la Ley no sea archivada, y como comisión hemos dado espacio a los partidos políticos. Es necesario el partido oficial con 58 votos. Queremos una ley, aunque no se pueda un cien por cien, aunque sea un 50 por ciento.

¿Fortalecer al TSE es el principal cambio?

Echevarría: Queremos fortalecer el TSE, que tenga las herramientas oportunas para ejercer su trabajo a plenitud, pero también que se reformen los procesos electorales y jurisdicción electoral.

¿Cuál es el principal cambio que debe haber en el país en materia electoral?

Dávila: El financiamiento es uno de los principales, y la población lo demanda: saber de dónde viene el dinero, cuánto reciben y en qué lo gastan. Por supuesto, hay que reforzar a la autoridad electoral, que tiene una imagen débil, porque los partidos se adelantan en la campaña política.

Además, debería obligarse a los partidos a presentar con año y medio de anticipación sus planes de gobierno y cómo los elaboran, para evitar abusos del mercadeo político, porque faltando seis meses empiezan a ofrecer el cielo y la tierra.

¿Cuáles son las modificaciones que generan tanto conflicto? ¿Es el financiamiento o los techos de las campañas?

Echevarría: En la actual Ley Electoral la cuota está en US$2 por voto emitido, y la propuesta es de US$5. Se escucha fuerte y se duplica, pero la democracia es cara y queremos llegar a que desaparezca el financiamiento privado, para evitar compadrazgos y compromisos.

El tema que nos ha dado más controversia es la paridad entre hombre y mujer y de los pueblos indígenas. Todo esto ha retrasado el proceso. Hemos querido negociar e introducirlo porque sin los diputados esto no va a pasar y es una reforma entre lo deseable y lo posible. Más vale pasar un 50 por ciento de lo que se está trabajando a que se quede el cien por cien archivado.

¿Qué ha obstaculizado llegar a acuerdos en las últimas semanas?

Dávila: Hay una serie de factores de poder que impiden consensos y que se reflejan en algo público. Un sistema político avanza, si avanza en la transparencia y la participación ciudadana. La población no va a ver bien que se le vaya a dar US$4 o US$5, porque no está el sistema político con la credibilidad.

La participación ciudadana en ese tema no debería tener discusión. Tampoco hay capacidad de consenso y hay muchos intereses cruzados y muchas contradicciones, y la opinión pública no es tomada en cuenta.

¿Deben emitirse sanciones más duras por propaganda electoral anticipada? ¿Cree que se incorporó eso en las reformas?

Dávila: La gente tiene razón, porque en campaña se ilusiona, oye grandes promesas y va a votar con esperanza. Después ve que la falta de seguridad y todo sigue igual, la corrupción sigue igual y aparecen otra vez los políticos con propaganda, y la gente dice: “Ni siquiera he visto que se resuelvan los problemas y ya están otra vez”.

Eso implica que al TSE debe dársele más autoridad, más peso con una ley más rígida, porque si no, la gente empieza a perder la fe en la democracia y es donde aparecen las tentaciones del autoritarismo.

Pareciera desalentador decir que espera que pase el 50 por ciento de la Ley. ¿Ha sido muy complicado o ha habido demasiadas presiones o intereses?

Echevarría: Sí. Las presiones han sido internas y externas, pues todos los partidos solicitan una reforma electoral inmediata, por las necesidades que se ven en los comicios. Igual hay presión externa por una participación ciudadana.

Se ha hablado de que una de las estrategias es llegar a las tres lecturas y luego mandarla a la Corte de Constitucionalidad para que se estanque.

Echevarría: En el dictamen favorable vimos que no contamos con los votos para que la Ley proceda. La estrategia es que tenemos un borrador para que los diputados manifiesten con qué no están de acuerdo; de ahí hay enmiendas de curul, donde varios partidos las solicitan y van a tener que incluirlas.

¿Cuáles enmiendas? ¿Se atrasaría de nuevo el proceso?

Echevarria: Es decisión de cada diputado. Vamos a tener la aprobación en primera lectura, y si en la segunda la enmienda no procede, va a quedar fuera y se quedarán las demás.

¿Qué futuro le ve a estos cambios?

Dávila: Veo un panorama bastante difícil. Los congresos hacen combos y paquetes de negociaciones, pero para mí la Ley no debe ser objeto de negociación, “que dame esto y yo te lo doy”; no debiera ser así, sino responder a aspiraciones del pueblo. Por eso no lo veo muy positivo, hasta no descarto que no haya; al final si la hay va a ser superficial, con muchas cosas que le van a apartar y va a quedar una cosa muy poca que no va a significar un gran paso para consolidar una democracia.

Echevarría: Estas tres semanas serán definitivas. Vamos a lograr lo que esté al alcance, lo que se pueda para su aprobación.

PRINCIPALES CAMBIOS

La propuesta de reformas sugiere modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Se instituye el derecho al voto en el extranjero, para que los ciudadanos guatemaltecos puedan elegir al presidente y vicepresidente.

El límite máximo de gastos de la campaña electoral  que las organizaciones políticas manejarán será de US$4   por empadronado.

Ninguna persona individual o jurídica podrá hacer aportaciones que sobrepasen el 10 por ciento  del límite de gastos de la campaña autorizado.

Las instituciones del Estado deberán entregar la información que sea requerida por el TSE, para la efectiva fiscalización de los aportes públicos y privados a los partidos políticos.

Se eleva de US$2 a US$5 el financiamiento del Estado para las actividades permanentes de los partidos.

En época de elecciones generales y para la segunda ronda,  la autoridad electoral adquirirá espacios y tiempos en los medios de comunicación social, para la propaganda.

Los partidos políticos no podrán contratar por sí o por terceras personas tiempos y espacios en los medios de comunicación.

La realización de encuestas deberá contar con la aprobación del Tribunal Supremo Electoral.

Por campaña anticipada las multas serán del 1 por ciento  al 25 por ciento de lo que corresponde al partido por financiamiento público