Dicen…

Dicen también que la razón por la que uno de los magistrados se cambió de bando fue la amenaza de ejecutar sus préstamos no pagados en los bancos del sistema. Y por supuesto, no solo quedaron saldados, sino que hubo un plus.

Me cuentan que las rondas de negociaciones no han sido solamente alrededor de los candidatos que cada facción presenta, sino que se incluyen intereses patrimoniales potenciales a través del acceso a propiedades que han sufrido la extinción de dominio. Y dicen también que las ofertas puestas sobre la mesa incluyen impunidad total para aquellos familiares procesados por delitos varios. Además hay llamadas anónimas y convocatorias a reuniones diversas, en las que participan magistrados, decanos, funcionarios de instituciones públicas y representantes gremiales.

El menú es amplio y a la medida de las ambiciones y las “necesidades” de los magistrados y sus familias; los operadores de los otros poderes del Estado lo saben y están a toda máquina tratando de garantizar que no haya sorpresas y que el próximo presidente de la CSJ y de la Comisión Postuladora acate los designios y nombre un/a fiscal a la medida que apache todos los clavos y deje ya de perseguir violadores de derechos humanos y socios de narcos.

Por eso, dicen también, que estos mismos operadores volvieron a las andadas y tienen casi listos los votos en el máximo tribunal del país para que —en el momento oportuno— declare que el período de la actual fiscal general termina en mayo y no en diciembre 2014. Y así el paquete estaría completo.

Una fuente normalmente bien informada me contó cómo en la reunión de la CSJ del sábado 12 de octubre, cuando se cumplía el plazo para elegir al nuevo presidente y al ver que no se llegaba a ningún acuerdo, el magistrado Luis Alberto Pineda Roca —el ungido del grupo de los 7— propuso que la comisión negociadora —integrada por ambos grupos— siguiera dialogando para llegar a acuerdos en la elección. La propuesta, sin embargo, fue abortada cuando el magistrado vocal primero y hoy presidente interino, Eric Alfonso Álvarez Mancilla manifestó que no la compartía, y la magistrada Thelma Aldana Hernández se abstuvo de emitir opinión. Lo demás es historia conocida: los magistrados siguen sin ponerse de acuerdo y Álvarez Mancilla está de vuelta en la presidencia.

Si todo lo que dicen es cierto, estamos nuevamente frente a un pacto sombrío y tenebroso para garantizar justicia a la medida e impunidad; si lo permitimos, los procesos de postulación y elección serán un mero trámite para maquillar de “institucionalidad” los negocios espurios de las redes de poder mafioso (y cada vez menos oculto) de este país.