El dinero manda

Al no existir oportunidades de participación política para todos, debido a un sistema basado en el dinero, el espectro electoral se reduce a quienes poseen los medios, aun cuando carezcan de todos o la mayoría de los atributos indispensables para desempeñarse en la arena política.

El tema viene muy al caso ante la posibilidad de que se modifique el artículo 212 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que abriría la puerta al sector femenino por la vía de un sistema garante de participación igualitaria en los procesos electorales. Las reformas a esa Ley, si lo que se desea es mayor participación de distintos grupos hasta hoy marginados, deberían incluir una fiscalización estricta del financiamiento de las campañas, los fondos de los partidos políticos, los aportes desde la iniciativa privada, las “donaciones” que disfrazan compromisos de Estado y todas las triquiñuelas que se han convertido en la palanca para la repartición del poder.

Cuando se habla de mayor participación de mujeres, el panorama suele nublarse ante la perspectiva de falta de apoyo a las lideresas en un evento electoral, especialmente entre quienes se han acostumbrado a comprar voluntades y votos con el fin de proteger sus privilegios. No cabe duda de que los “padrinos” tiemblan ante el panorama de una asamblea legislativa o una administración municipal más representativas, debido a que sus espacios tenderían a reducirse y, por consiguiente, perderían su influencia en las decisiones que les afecten.

Esta es una de las razones más importantes para establecer mecanismos de fiscalización de los fondos destinados a impulsar candidaturas y financiar partidos políticos. La medida debería considerarse como una de las condiciones fundamentales para iniciar el proceso de transparentar la gestión política en todos sus ámbitos, debido a su incidencia en los actos de corrupción y la pérdida de oportunidades de desarrollo a nivel país.

Guatemala está llena de posibilidades desperdiciadas, la mayoría de ellas por la marginación a la cual se ha condenado a la mayoría de sus habitantes. Basta viajar por el interior y conocer pequeñas iniciativas locales capaces de cambiar la vida de toda una comunidad, para darse cuenta de que la población desea salir adelante con sus propios recursos, pero se enfrenta a un sistema de privilegios y abusos de poder que se los impide.

Con una participación más acorde a sus potencialidades —más mujeres, mejor política— las perspectivas de desarrollo podrían verse multiplicadas de manera exponencial; y, por la sola sinergia a partir de la participación, se producirían cambios significativos en la calidad de vida de todos los guatemaltecos. Es propiciar un cambio que, en honor a la verdad, no es una concesión, sino una cuestión de justicia.