Los empresarios aseguran que el Tribunal hizo una calificación inadecuada de la figura de genocidio. Familias de militares convocan para un plantón frente a la CC.
Ayer, los miembros de las cámaras empresariales se declararon “en sesión permanente” para analizar las consecuencias de la condena de 80 años de prisión inconmutables contra Efraín Ríos Montt, por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, y le pidieron a la Corte de Constitucionalidad anular la sentencia.
Banderas, moñas negras y uniformes militares se observaron frente al Cuartel de Matamoros
“No sabemos qué interés tiene, pero la comunidad internacional presionó para que se condenara al exjefe de Estado, Efraín Ríos Montt”, declaró Santiago Molina, presidente del Comité de Coordinación de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financiera (CACIF), sentado al centro de la mesa y acompañado a su derecha por el representante de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), Marco Augusto García, y a su izquierda por el presidente de la Cámara de Industria, Andrés Castillo.
Molina leyó el comunicado de prensa donde se menciona que el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo “ha hecho una calificación inadecuada de la figura de genocidio, puesto que no se ha demostrado la intencionalidad específica del Estado por exterminar a un grupo étnico particular”.
Se le preguntó a Molina si la postura del CACIF se debía a la parte de la sentencia donde se indica que “se implementó un exterminio contra los ixiles como una forma de defender a las elites nacionales”, y respondió que “esa era una
opinión del tribunal que no compartían”.
En el documento de las cámaras empresariales dice que se cometieron “graves faltas al debido proceso por parte de los juzgadores, a través de la vulneración de la legítima defensa, el principio de inocencia y la desobediencia pública del tribunal a las resoluciones emitidas por otras instancias judiciales”.
En otra parte del comunicado se indica que el fallo del tribunal “abona a la polarización y deja una percepción de que la justicia ha sido presa del conflicto ideológico”.
Todas las cámaras empresariales apoyaron el comunicado. El objetivo es “mantener el Estado de Derecho y por eso no podemos aceptar estas resoluciones ilegales”, finalizó Molina.
Juan Carlos Ovando, abogado defensor de Héctor López Fuentes y quien ha actuado en conjunto con los defensores de Ríos Montt, se manifestó de acuerdo con el comunicado porque hubo muchas violaciones al debido proceso cometidas por la jueza presidenta. “El proceso podría anularse por ocho amparos y cuatro inconstitucionalidades que faltan por resolverse”, declaró el jurista. Se buscó la opinión de los representantes del Ministerio Público pero no respondieron a las llamadas telefónicas.
Plantón frente al cuartel
Unos 50 familiares de militares acudieron ayer por la mañana al Cuartel de Matamoros para exigir que se revoque la sentencia contra Ríos Montt. Alberto Reyes, hijo de un militar, responsabilizó a la comunidad internacional de “orquestar todo el caso en contra de los generales”. Dijo que “Estados Unidos se está lavando las manos que tiene manchadas de sangre, ellos apoyaron a Ríos cuando les convenía, ahora le dan la espalda”.
Los asistentes portaban viseras castrenses y chaquetas militares. “Yo tengo el corazón militar”, dijo una señora que no se identificó. Los dirigentes de la manifestación convocaron para hoy a un plantón a las 10:00 horas, frente a la Corte de Constitucionalidad (CC), para exigirles a los magistrados que acepten los amparos que aún están en trámite.
Responden a los empresarios
Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, declaró que cualquier acción “a estas alturas, son patadas de ahogado”. Según la activista, “no pueden echarle la culpa a los demás por su ineficiencia e incapacidad, fue público que las ilegalidades las cometieron los abogados de los militares”.
Un representante de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Miguel Morth, señaló que “el tribunal fue tan paciente que hasta permitió que uno de los abogados le dijera a la jueza presidenta que era una delincuente”. Agregó que el genocidio es un “tema conceptual porque lleva una planificación, y en este plan se pueden ver involucrados personajes de la elite económica”.
Según Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina, “al CACIF le da miedo que se investigue a empresarios que pusieron sus fincas y financiaron el genocidio”.
Publicado el 13/05/2013 en www.elperiodico.com.gt por Álvaro Montenegro http://www.elperiodico.com.gt/es/20130513/pais/228188/
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