CACIF llama a Corte de Constitucionalidad a preservar gobernabilidad y futuro del país

Con ocasión del fallo emitido por el Tribunal en el que se condenó a un acusado, por genocidio y delitos contra deberes de humanidad durante el conflicto armado.

El Sector Empresarial Organizado:

Expresa que las consideraciones que el Tribunal ha efectuado sobre el delito de genocidio, evidencian que se ha hecho una calificación inadecuada de esta figura, puesto que no se ha demostrado la intencionalidad específica del Estado por exterminar a un grupo étnico particular.

Es preciso recordar que la violencia ocurrida durante el conflicto armado, es producto de un insensato enfrentamiento en el que guatemaltecos de diversa condición se agredieron entre sí, sin particularizar procedencias étnicas, sociales o religiosas.

Llamamos la atención sobre las graves faltas al debido proceso a lo largo de todo este juicio, por parte de quienes están llamados a ser imparciales en su deber como juzgadores, lo cual ha quedado de manifiesto en los diversos procedimientos incumplidos, la forma en la que se vulneró la legítima defensa, el principio de inocencia y no retroactividad de la Ley, y la desobediencia pública del tribunal a las resoluciones emitidas por otras instancias judiciales.

Este fallo abona a la polarización y deja una percepción muy clara de que la justicia ha sido presa del conflicto ideológico, lo cual es sumamente preocupante por las graves consecuencias que esto ocasionará en el Sistema de Justicia de Guatemala. En este sentido, es lamentable la intromisión y presión ejercida por personas y organizaciones extranjeras en un proceso judicial guatemalteco.

Dados los recursos que están pendientes de resolverse, queremos apelar al papel histórico que la Corte de Constitucionalidad ha desempeñado en fallos emblemáticos a favor del Estado de Derecho y de respeto a la Constitución, para que se enmienden todas las anomalías en que se ha incurrido durante el proceso.

Los Magistrados que integran la Corte de Constitucionalidad, tienen en sus manos contribuir a la gobernabilidad y asegurar un efectivo Estado de Derecho.