¿Cuál transparencia?

Lo más oscuro de la política en Guatemala, lo más turbio, ha sido el manejo de la información, esencialmente la relacionada con cifras y derechos humanos. Así que no lo considero un retroceso estricta y exclusivamente en materia de transparencia, sino un retroceso de país en todos los sentidos porque tocará todos los bolsillos, porque afectará las magras conquistas en materia fiscal y porque se ejecutarán fondos con las manos manchadas.

Dice el economista Ricardo Barrientos, del Icefi: “En mi experiencia profesional en temas de política fiscal,  en los últimos 20 presupuestos que he visto de cerca no se habían registrado anomalías tan graves y descaradas. Esto no tiene precedente”.  A partir del análisis que leo del mismo Icefi, me surgen las preguntas: ¿Por qué paralelamente a la autorización del presupuesto, se autorizó a los Consejos Departamentales de Desarrollo para suscribir convenios con ONG para la ejecución de proyectos de inversión pública, justo en año electoral, siendo instancias tan cuestionadas por actos de corrupción, tráfico de influencias y opacidad? ¿Por qué, si todo gasto debe tener dos constancias (una de asignación presupuestaria y otra de disponibilidad financiera), ahora todos los rubros del presupuesto están exentos de las constancias de disponibilidad financiera? ¿Quiere decir eso que medicamentos, obras de construcción, libros de texto y otros similares serán favores políticos que todos pagaremos —sin control alguno— con este presupuesto?

¿Por qué se autorizó el uso discrecional del subsidio al transporte público, sector con una larga lista de señalamientos por actos de corrupción? Si se lee bien, no fue una autorización para beneficiar a los usuarios del transporte, sino a personas en específico de ese sector. ¿Por qué se han desviado los pagos destinados a cubrir el costo de la política monetaria? La ley dice que las pérdidas operativas del Banco de Guatemala para cubrir la inflación las tiene que cubrir el Gobierno.

Pero en este presupuesto queda entendido que el Gobierno puede echar mano de esa asignación para cubrir otro tipo de gastos. Es todo tan perverso. Se desmantelaron los controles y medidas de transparencia del gasto público,  se ha comprometido seriamente la legitimidad de las fuentes adicionales de ingresos, hay asignaciones enrarecidas e injustificadas en este presupuesto. Y podría seguir, pero hay mucha indignación.