¿Quién es la “sociedad civil”?

Eduardo Mayora Alvarado

La “sociedad civil” es una frase tremendamente afortunada para algunos. Sobre todo, para los que supieron convertirla en parte de sus “activos intangibles”; es decir, para quienes supieron hacerla de su propiedad. Está bien; también para eso hay que tener talento y visión y, como se dice coloquialmente: –que les aproveche.

En Guatemala la “sociedad civil” es muy activa y, además, goza de la mayor simpatía de los medios de comunicación social. Estos, con notable frecuencia recogen declaraciones de los personeros de unas cuantas organizaciones o asociaciones y, bajo el título de “Reacciones de la sociedad civil”, los agrupan con todo y fotos.

Últimamente esto ha ocurrido en relación con la postulación y designación de la nueva Fiscal General, la ex Presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, licenciada Thelma Aldana. Es la misma “sociedad civil” que apoyó con toda determinación –y con todo derecho– la postulación y reelección de la Fiscal General saliente, la doctora Paz y Paz.

Esta vez se han pronunciado sobre qué y cómo debería desempeñar sus funciones en el futuro próximo la Fiscal General electa. Haciéndose eco de las inquietudes que algunos de ellos lanzaron sobre unos supuestos nexos de la futura Fiscal General con el partido oficial, ahora claman por una total independencia del Ministerio Público respecto del Ejecutivo una vez que ella asuma sus funciones y de ahí en adelante.

Empero, ¿quién es la “sociedad civil”? ¿Quiénes son los que están sembrando dudas sobre la independencia de la nueva Fiscal General y por qué? Creo que no hay una sola respuesta para estas interrogantes pero tampoco es imposible formular un par de teorías, me parece, demostrables.

La “sociedad civil” –de la que hablo aquí– se integra, en general, por una serie de organizaciones simpatizantes de las ideologías que van “del centro-izquierda a la izquierda” del espectro político. En general, también, opinan que el activismo de derechos humanos y anticapitalista sigue siendo perseguido por los “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad” (los “CIACS”) y, por último, han defendido la tesis de que en Guatemala sí hubo genocidio a manos del Estado y del Ejército.

Para esta “sociedad civil”, por tanto, uno de los significados concretos más importantes de la idea de que un Fiscal General de la República sea independiente, consiste en que dirija las acciones y asigne los recursos del Ministerio Público a la persecución penal de los supuestos CIACS y de los supuestos responsables del genocidio que, en su opinión, se cometió en Guatemala.

Por supuesto, para esta “sociedad civil” cualquier Fiscal General que tuviera una visión diferente de las cosas, persiguiendo penalmente, por ejemplo, a los delincuentes que arrasaron con la planta hidroeléctrica de San Mateo Ixtatán demostraría su falta de independencia y exhibiría que está plegado a los intereses del Gobierno o de los empresarios.

En ese sentido la “sociedad civil” a que aquí aludo aboga por una determinada independencia; aboga por la independencia del Fiscal General y del Ministerio Público para perseguir a quienes entienden como sus enemigos ideológicos. Eso no vale.