Las filas empiezan a cerrarse en la recta final del proceso para elegir una nómina de seis candidatos, entre los cuales el mandatario Otto Pérez Molina deberá nombrar al nuevo Jefe o Jefa del Ministerio Público. La Comisión postuladora empezó ayer la evaluación de los candidatos, y si no se presenta ningún inconveniente, los nombres de los posibles fiscales serán conocidos la próxima semana.
En este proceso de elección hay varios sectores de poder que buscan influir en la integración de la nómina, para que se incluyan a los candidatos que les beneficien. El objetivo es obstaculizar futuras investigaciones, evitar persecuciones penales contra funcionarios o personas relacionadas con el crimen organizado, o contra militares involucrados en violaciones a los derechos humanos.
Son tres los grupos que se vinculan entre sí, aunque según analistas, actúan con distintos propósitos. El Organismo Ejecutivo, a través de Gustavo Herrera y Juan de Dios Rodríguez, hacen lo suyo para interferir en el sector justicia. Herrera, el operador político de la pareja presidencial, es sindicado de participar en el desfalco por Q350 millones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), además de ser relacionado con el narcotráfico cuando Otto Pérez Molina era comisionado de seguridad en 2004. Junto a él trabaja Rodríguez, el presidente de la Junta Directiva del IGSS, quien tiene a su disposición varios abogados que lo asesoran en el área de justicia.
El segundo segmento interesado en manejar este proceso está integrado por militares y exmilitares, y allegados a ellos. Su meta final es separar a Claudia Paz y Paz de la jefatura de la Fiscalía, pues han sido afectados durante su administración por las investigaciones de crímenes cometidos en la guerra interna. Por estos procesos, este grupo la ha acusado de inclinarse a favor de grupos guerrilleros.
Los empresarios organizados en el CACIF también son señalados como un grupo de poder para influir en la Comisión. Según los integrantes del G4 (Procurador de los Derechos Humanos, representantes de la Iglesia y de la Universidad de San Carlos), “existen grupos económicos y políticos que intentan influir en la elección”. Según organizaciones sociales, la fuerte postura que tomaron contra la condena de Efraín Ríos Montt por genocidio, evidencia una injerencia en el sector justicia. En ese momento, los empresarios se declararon en sesión permanente y exigieron a la Corte de Constitucionalidad que revirtiera la condena.
En contrapeso
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos presentaron ayer 6 mil 980 firmas para que se incluya en la lista a Paz y Paz. En tanto, algunos expertos consideran que las recientes visitas de funcionarios y senadores estadounidenses dejan entrever que Estados Unidos también ejerce cierta presión para que el proceso sea transparente.
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