Gazapos diplomáticos

ALFRED KALTSCHMITT

Si el juicio de Ríos Montt partió en dos a este país de altos contrastes y negras y variadas discrepancias, el fallo de la Corte de Constitucionalidad declarando con lugar un amparo interpuesto por el abogado Ricardo Sagastume sobre la fecha exacta del fin de la gestión de la fiscal general Paz y Paz, amplió la distancia del fraccionamiento político a su escala más alta de los últimos años. Algo trascendente debe estar gestándose detrás de bambalinas para justificar semejante despliegue de presión política en todos los niveles -y se pelee con tanta furia  esos 210 días que hacen la diferencia entre dejar el cargo en mayo o en diciembre próximo.

Toda Guatemala aplaude la desarticulación de mafias y carteles de narcotraficantes y la captura de capos de mafias, pero el asunto de fondo, evidentemente, va más allá del combate a las estructuras criminales y se adentra en el campo ideológico.

Las declaraciones, por ejemplo, del embajador Arnold Chacón, adversando el fallo del máximo tribunal, motivó una andanada de críticas. El eco de la impertinencia sigue resonando con la última parte de su comunicado al decir que “es un privilegio para mi gobierno contar con un ‘socio’ como la Dra. Paz y Paz”. No son pocos los que califican tal osadía como un serio error diplomático y una desafortunada intromisión en los asuntos internos de Guatemala. Cabe preguntarse ¿qué pasaría si nuestro embajador en Washington sacara un campo pagado criticando un fallo de la Corte Suprema de Justicia en semejantes términos?

No hay subtextos. Solo confirma el sesgo ideológico que en forma reiterada ha demostrado el embajador Chacón. Como cuando se hizo presente en el juicio de Ríos Montt sentándose en primera fila. ¿A quién apoyaba? ¿A los asesinos de su colega embajador Gordon Mein, vilmente acribillado por la guerrilla? ¿O al Ejército que tuvo a bien combatirlos?

Desde esta columna despedí con tristeza la finalización del período diplomático de Stephen McFarland, último embajador estadounidense. Un diplomático hábil que supo ejecutar su gestión con prudencia y sabiduría. Dejó huella y profundos lazos de amistad. Evidentemente el vacío que dejó no ha sido llenado.

En medio de esta ofensiva masiva contra la Corte de Constitucionalidad, cuyo fallo debe ser respetado y acatado por el Congreso de la República, es evidente que la oposición contra la fiscal general no es solo producto de estratagemas de los promotores de la impunidad, como lo retratan Chacón y los suyos. Existen serios señalamientos por omisión y comisión de delitos. Su sesgo ideológico ha permeado su gestión abriendo el Ministerio Público a toda la tournée internacional progresista que vive del conflicto y la repetición monofónica de cruces del pasado. Rompiendo acuerdos de paz, buscando para los suyos la amnistía de sus sangrientos actos, pero demandando lo contrario para el Ejército.

En Guatemala hay injusticias, nadie lo niega. El caso de las comunidades de Chixoy, un caso manejado tan patéticamente mal por cuatro gobiernos consecutivos es imperdonable. Los casos de adopciones pendientes desde hace años colgando en el limbo cuando fue aprobada la Ley de Adopciones, también es una vergüenza.

Las presiones son válidas dentro de los cánones aceptables de la diplomacia internacional. Existe abundante sopa por donde meternos la cuchara, sea desertificación, limitaciones al libre comercio o cualesquiera de las letras pequeñas de la realidad de las políticas supranacionales.

Lo cual me vuelve al párrafo inicial de esta columna. No hay espacio para la intervención extranjera en decisiones que competen a los guatemaltecos, a sus leyes y tribunales.

La Corte de Constitucionalidad unánimemente ha fallado y esta decisión es inapelable por nadie, mucho menos por países extranjeros.

¿Tanta tos por 210 días? ¿O Es que el respeto a la ley no basta? ¿O es que hay agenda escondida?