La guerra de 36 años entre guerrillas comunistas y el Estado guatemalteco, que culminó con los acuerdos de paz de 1996, fue sangrienta y tortuosa. Ambos bandos cometieron atrocidades. Miles murieron. Los indígenas y los mestizos de zonas rurales sufrieron la mayor parte de la violencia.
No obstante, la afirmación de que el Estado guatemalteco, encabezado por el general, participó en el genocidio —es decir, el intento de destruir total o parcialmente a la población ixil o desplazarla— no está respaldada por los hechos. Al contrario, una atenta lectura de la historia sugiere que el general venció a las guerrillas al fortalecer a aquellos indígenas que no querían saber nada de las ideas de revolución de la clase media alta que les imponían. El juicio a Ríos Montt, 30 años después del hecho, es más un ejercicio de ajuste de cuentas de la izquierda internacional que una búsqueda de la verdad y la justicia.
Unos años atrás, entrevisté a un guatemalteco que se había infiltrado entre los rebeldes durante el conflicto. Describió su estrategia militar copiada del Viet Cong: dependía de introducir guerrillas en poblaciones aisladas, difundir el adoctrinamiento, reclutar adolescentes como soldados y obligar a comunidades enteras a unirse a la lucha colectiva. En áreas del país donde el Estado no tenía presencia, como el llamado triángulo ixil, no fue difícil lograrlo.
Estas regiones rurales se convirtieron en refugios desde los cuales los terroristas planeaban, preparaban y ejecutaban ataques al resto del país. Para 1982, tras haber visto el triunfo de los sandinistas en Nicaragua unos años antes, las guerrillas pensaban que estaban cerca de la victoria. Entonces apareció Ríos Montt.
En su meticulosamente investigado libro de dos volúmenes Guatemala, la historia silenciada (1944 – 1989) (Fondo de Cultura Económica, 2007), Carlos Sabino, historiador de la Universidad Francisco Marroquí, cita un documento de la contrainsurgencia conocido como Victoria 82. Escribe que “en cuanto a la estrategia militar, se fijaban como objetivos principales ‘negar el acceso a los subversivos a la población’, recuperar aquellos miembros de la guerrilla ‘que sea posible’ y ‘eliminar a los subversivos que no quieran deponer las armas”.
La tragedia fue que la estrategia de la guerrilla había llevado la guerra a las tierras ixiles para usar a los civiles. Cuando el ejército, empeñado en cortar de raíz el terrorismo, llegó después, la población se vio obligada a tomar partido o quedarse en medio del fuego cruzado. Por eso es que murieron tantos.
Algunos cuerpos del ejército, usualmente formados por indígenas, ciertamente participaron en masacres, el incendio de pueblos y la destrucción de cultivos. “Esto sucedió, sin duda, en varios lugares del país, especialmente en las partes de El Quiché donde el ejército pensaba que la población local apoyaba a la guerrilla”, según Sabino. Pero “de ningún modo fue una política de estado ni una estrategia de guerra”, explica, porque habría sido directamente contrario a resolver el problema como se había diagnosticado.
Tales ataques provocaron “la huída de campesinos que, en definitiva, quedaban entonces a merced de la guerrilla”, escribe Sabino. El ejército “trató de impedir que los campesinos quedasen desprotegidos y aislados”, y cuando puso en marcha la política oficial se encargó de “llevar alimento a las zonas que habían sido devastadas por el conflicto y reconstruir la infraestructura local”.
“Era claro, por lo menos para la mayoría de los mandos, que no se podía ganar la guerra poniéndose en contra de la población local”, asevera Sabino. El ejército dio armas a aquellos, incluidos ixiles, que querían resistir las guerrillas y organizaban Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Un ex líder rebelde le dijo a Sabino que “las PAC fueron mortales para la guerrilla”.
Los acuerdos de paz otorgaron amnistía a ambas partes, pero la extrema izquierda no se ha dado por vencida. Consideró que el cargo de genocidio era una forma de vengarse. La fiscal general Claudia Paz y Paz, muy conocida por su simpatía por la izquierda, lideró la ofensiva. Se dice que el presidente de centro-derecha Otto Pérez Molina estaba convencido de que Guatemala sería visto de forma más favorable a nivel internacional si el general era procesado. Definitivamente eso ha ocurrido en Naciones Unidas, donde los llamados expertos en derechos humanos han aplaudido la condena. Pero los expertos de derechos humanos de la ONU provienen de países como China, Cuba y Siria.
En el juicio, la fiscalía presentó el testimonio de numerosos indígenas que habían sido víctimas de la violencia. No obstante, sus historias no pudieron probar un genocidio.
Ni pudieron hacerlo los “expertos” de la fiscalía, en su mayoría extranjeros de convicciones izquierdistas que no fueron de hecho testigos de ningún presunto acto de genocidio. Fueron usados para sostener el argumento de la fiscalía de que la estrategia del ejército “para exterminar” a los subversivos equivalió a un intento de “exterminar” la población ixil.
La irracionalidad de esto no ha pasado desapercibida para muchos guatemaltecos, entre ellos Gustavo Porras, un ex intelectual guerrillero. Porras firmó una carta, con otros, llamando la acusación “una fabricación jurídica” y afirmando que podría amenazar la paz.
El pueblo ixil y otros en la región que aún consideran a Ríos Montt como héroe han llevado a cabo protestas contra el veredicto. No es la primera vez que le han mostrado su apoyo.
Cuando se postuló a la presidencia en 2003, perdió. Sin embargo, en las tres municipalidades del triángulo ixil, no sólo venció a otros 10 candidatos pero, tal vez más importante, aplastó al ex líder guerrillero Rodrigo Asturias con 13.451 votos contra 1.202. Eso tampoco ha sido muy divulgado en la prensa internacional, si es que lo ha sido.
Publicado el 19 de mayo de 2013 en online.wsj.com por Mary Anastasia O’grady http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323648304578493563565023652.html
No Responses