Centenares de profesionales le reclaman al Estado indemnización y otras prestaciones aunque no les corresponda.
Dos excontratistas del Ministerio de Salud –afines al vicepresidente Jafeth Cabrera y denunciados por supuestas compras anómalas– obtuvieron indemnizaciones por Q1 millón 615 mil 610.27 pese a que la ley los excluye de esa prestación. Como ellos, centenares de profesionales acuden a los juzgados en busca de beneficios laborales, que muchas veces resultan millonarios.
Tal es el caso del exasesor de la Dirección General de Aeronáutica Civil que obtuvo Q1 millón 122 mil 538.14 por sentencia judicial. Las partidas más altas para cumplir con compromisos judiciales corresponden a los ministerios de Comunicaciones, Gobernación, Agricultura y Salud.
Efraín López Juárez comenzó su relación profesional con la cartera de Salud en junio de 2011 y, en septiembre de 2015, fue despedido como coordinador del Programa Fondo Mundial de Lucha contra el VIH/Sida. Su salida coincidió con una denuncia ante el Ministerio Público por no seguir el procedimiento para la compra de software, la cual fue desestimada en febrero pasado. En aquel año, fuentes del sector salud ubicaron a López y a José Calderón Martínez como parte del equipo de Jafeth Cabrera y simpatizantes del partido FCN-Nación.
El caso de López Juárez ejemplifica cómo un reclamo inviable es una causa posible ante la justicia laboral: fue contratado bajo los renglones 081, 189 y 182, que no están sujetos a prestaciones laborales y ocupó un cargo que se financió con fondos de la cooperación externa.
Pero la continuidad de las contrataciones, las hojas de responsabilidad de equipo del Ministerio, documentos que evidenciaron una relación de subordinación, entre otros, le bastaron a López Juárez para obtener un fallo favorable. El Juzgado Decimocuarto de Trabajo determinó que López demostró la existencia de la relación laboral y la inexistencia de una causa para su remoción, por lo que condenó al Estado a pagarle compensación en efectivo por vacaciones, aguinaldo, bonificación anual y aguinaldo, así como la indemnización, para un total de Q706 mil 963.47.
En el mismo proceso que se diligenció ante el Juzgado Decimocuarto, fue beneficiado José Emmanuel Calderón Martínez, quien se desempeñó como coordinador de Informática del programa a cargo de López. La demanda representó para Calderón Q408 mil 646.80, de acuerdo con el proyecto de liquidación autorizado por el juzgado, el pasado 23 de mayo.
Defensor de causas perdidas
La Procuraduría General de la Nación acude a los juicios laborales como defensor del patrono, el Estado, pero rara vez gana, excepto cuando la demanda se interpone de manera extemporánea, explicó el jefe del área laboral Leonardo Reynoso.
El Estado es de los principales patronos demandados, de acuerdo con jueces y personal de las judicaturas. Con cada cambio de gobierno se incrementa el volumen de demandas, explica Reynoso. Esto puede explicarse como un síntoma del relevo de asesores con el relevo de ministros y otras autoridades superiores. “En 2009 teníamos dos o tres audiencias a la semana… ahora tenemos dos a tres diarias”, añade Reynoso.
En 2017, la PGN actuó como defensor del Estado en 1 mil 269 juicios laborales; durante el primer semestre de 2018, se han presentado 557 juicios ordinarios y 20 colectivos.
La ganancia que supone interponer una demanda laboral se ha diseminado “de boca en boca”, por lo que las personas acuden cada vez más a los juzgados, sin importar bajo qué renglón se les contrató para prestar sus servicios profesionales.
La PGN interpone apelaciones hasta en la Corte de Constitucionalidad, pero luego de varias sentencias a favor de los trabajadores, hay escaso margen de revertir los fallos de los jueces que otorgan indemnizaciones de varios miles de quetzales.
La cifra oculta
¿Qué monto paga el Estado por las indemnizaciones otorgadas en los juzgados? –que aplican para el personal permanente contratado bajo los renglones 011 y 031–. La PGN no tiene una respuesta, pero indican que están en proceso de sistematizar los datos. La cartera de Finanzas, bajo el renglón 913, registra los pagos efectuados mediante sentencia judicial, que incluye indemnizaciones, sueldos u otro tipo de reclamos laborales.
De enero a junio de este año, el Estado ha pagado Q31 millones 622 mil 244.38 por sentencias judiciales; y Q121 millones 571 mil 496.26, durante 2017, según datos del Sistema de Contabilidad Integrada.
De esa cifra, más de la mitad –Q68 millones 452 mil 48.91– fueron con cargo al presupuesto del Ministerio de Gobernación. Se solicitó el monto que corresponde a indemnizaciones para los excontratistas del renglón 029, pero la gestión se tramitó exclusivamente mediante la Unidad de Acceso a la Información Pública. El pasado 17 de julio pidieron una prórroga para entregar la información.
A la PGN se le requirió el listado de los nombres de los demandantes, pero se negó la información bajo el argumento de que se trata de “datos sensibles”. Por separado, se ha pedido la información a las carteras con más altas erogaciones por sentencia judicial, además de Gobernación, Salud, Comunicaciones y Agricultura.
Una práctica usual
Presentar una demanda grupal, como en el caso de López y Calderón, es algo frecuente. Otro expediente al que tuvo acceso elPeriódico documenta que siete médicos –contratados para prestar sus servicios bajo el renglón 182– obtuvieron prestaciones, en conjunto, por Q2 millones 334 mil 76.07 por sentencia del Juzgado Tercero de Trabajo.
Tres de los demandantes ganaron reclamaciones por más de Q400 mil; tres por más de Q250 mil y el último, debió recibir Q197 mil 305.55, según el requerimiento de pago judicial emitido en diciembre pasado. Así, se ha vuelto cotidiana la emisión de sentencias millonarias contra el patrono que nunca gana, el Estado.
LA DEBILIDAD DE LA LEY
El analista Marco Canteo señala que el recurso judicial parte del aprovechamiento de tener una Ley de Servicio Civil sumamente débil y desactualizada, para utilizar en varios casos las plazas 029 para pagar muchos favores políticos y clientelares, con honorarios altos para profesionales, escapando controles de carreras y convocatorias. Una vez obviados estos controles se acude a los tribunales laborales para buscar la declaratoria de relaciones laborales para cobrar indemnizaciones, que en todo caso debieron ser inspeccionados bajo el amparo de una Ley de Servicio Civil, añade Canteo.
Exasesores de Aeronáutica millonarios
Un exasesor de la Dirección General de Aeronáutica Civil, contratado bajo el renglón 0-29, obtuvo Q1 millón 122 mil 538.14 por sentencia del Juzgado Undécimo de Trabajo, en julio de 2017. El beneficiario, un ingeniero civil que ronda los 40 años, trabajó como asesor de la Dirección General de Aeronáutica Civil entre 2008 y 2012 como asesor del director de Aeronáutica en temas administrativos, financieros, seguimiento de proyectos, entre otras funciones estipuladas en su contrato. A cambio, recibía Q30 mil en honorarios mensuales. El profesional demandó al Estado por la “rescisión unilateral e injustificada” del contrato, alegando que prestó servicios durante un periodo ininterrumpido, que se le fijó un horario para prestar sus servicios.
Otro exasesor de la DGAC logró indemnización por Q1 millón 575 mil 312; otro casi llega al millón, al obtener Q994 mil, 729.60; y otro, por Q889 mil 479.58 de acuerdo con los datos proporcionados por la Unidad de Acceso a la Información del Ministerio de Comunicaciones. En promedio, las indemnizaciones que obtienen por la vía judicial rondan los Q350 mil.
Los nombres se omiten para no exponer su seguridad, ya que no son figuras públicas.
Por el Periodico.
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