Resulta innecesario recordar la importancia que ha adquirido el Ministerio Público en los últimos cuatro años, como consecuencia de su papel protagónico en la difícil y complicada lucha contra la corrupción. A esto se agrega la muy correcta percepción de muchos en el sentido de considerar que esta institución podría debilitarse o incluso desaparecer en el caso de ser dirigida por alguien que no tenga clara la indispensabilidad de mantenerla y de comenzar a ver logros en la tarea iniciada con ayuda de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
En ese sentido, la tarea de insoslayable responsabilidad descansa en los hombros de quienes tienen a su cargo la elección de los aspirantes, a fin de permitir que el presidente de la República pueda escoger a alguien que llene las condiciones del cargo, en especial en lo referente a su independencia frente a los poderes del Estado y cualquier grupo de influencia económica, política o de cualquier otra clase.
El presidente del Organismo Judicial, los decanos de Derecho de las universidades, el presidente del Colegio de Abogados y el presidente del Tribunal de Honor de este último son las personas que, para hacer un bien al país, necesitan actuar en resguardo de los intereses nacionales, al hacer a un lado las motivaciones por las que llegaron a sus puestos. No se trata solo de presentar candidatos que llenen las condiciones teóricas, sino que tengan una hoja limpia en la ética profesional y en el empleo de las posibilidades legales al alcance de quienes por cualquier motivo deben enfrentar la justicia.
Esto último es fundamental, habida cuenta de que cada vez son más evidentes las estrategias de atrasos a causa de la litigación maliciosa, una de las razones por las que el actual Ministerio Público no ha logrado suficientes éxitos, con el efecto de ser el blanco de señalamientos críticos muchas veces presentados por personas o instituciones interesadas en mantener el statu quo. Es claro que estos tropiezos tienen como objetivo esperar que quien dirija el MP esté directa o indirectamente relacionado con lo que de manera acertada se conoce como la vieja política.
En la actualidad, hay 12 decanos de Derecho de igual número de universidades, lo cual complica la escogencia, porque en algunos de esos centros de enseñanza superior puede ponerse en juicio su capacidad de alejarse de las influencias de los intereses no necesariamente académicos que representan. Por aparte, las elecciones en el Colegio de Abogados desde hace algunos años demuestran el interés de grupos ideológicos o políticos, y se han convertido en comicios con propaganda, festejos y otras actividades no académicas cuyo financiamiento es a veces millonario, y con ello causante de suspicacias.
Debe haber una presión social ante las entidades que integran las comisiones de postulación. Es evidente que el Ejecutivo votará por quien considere proclive tanto a sus intereses como a los de su partido y los políticos a quienes él representa. Es entonces una batalla cívico-ética, porque lo decidido este año marcará la diferencia de cómo actuará el Ministerio Público en los próximos cuatro años, lo cual tendrá efectos tanto en el país como en la imagen que este tiene en el convulso mundo actual.
Por Editorial, 08 de Enero de 2018, en Prensa Libre
http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/reflexiones-sobre-cambios-en-el-mp
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