Democracia vanguardia de corruptos

Este es el mensaje contundente que la Corte de Constitucionalidad le dio al pueblo con el Amparo a la licenciada Fischer. El pueblo no sabe de vericuetos de la ley, ni de sus resquicios para admitir que es justo lo injusto. Ni comprende, cómo esa Corte prefiere proteger a un gobernante que, en tres años y medio, no se dio cuenta que su segunda autoridad contaminó de corruptela varias instituciones y que había nombrado como sus principales colaboradores a ladrones y delincuentes. Por donde quiera que la CICIG y el Ministerio Público investiguen los robos millonarios y las amplias vías al narcotráfico brotan.

Sin embargo, los organismos de Estado se protegen ahora con la frase: “Defendemos la institucionalidad, mantendremos la institucionalidad”, gritando en coro, porque cacarearlo es el dique político con que defenderán y mantendrán su poder incólume hasta llevarnos como animalitos al redil de las próximas elecciones, para que les avalemos, otra vez, su impunidad y su saqueo.

¿Por qué afirmar que el sistema democrático guatemalteco es protector de corruptos? Más ejemplos. No solamente porque la Corte de Justicia acuna algunas magistradas y juezas, que funcionan como intermediarias de delincuentes de cuello blanco, sino porque ese sistema ha convertido “las medidas sustitutivas” en la moneda más utilizada para preservar el encarcelamiento de delincuentes que merecen más que eso. Y no insiste en propuestas de proyectos que limiten el recurso de amparo, tan utilizado para eternizar y preservar la impunidad de delincuentes.

La engañifa más grande que los partidos políticos se vanaglorian de hacer a los guatemaltecos son todos los casos en que siguen impulsando candidaturas para diputaciones y alcaldes, a caciques de pueblo, gente señalada por sus comunidades y cuestionada por la Contraloría General de Cuentas por sus millonarios e ilícitos negocios en el uso de los fondos públicos. Es una burla, es inaudito, que las Salas de Apelaciones y los Tribunales de Amparo protejan a todos los candidatos para desempeñar cargos, que acumulan varias denuncias de malos manejos, millonarios desfalcos al erario nacional y que esos tribunales obliguen a la Contraloría a “Entregarles un finiquito”, para que vuelvan a inscribirse como candidatos. En estos días, no dejamos de lamentarnos cómo el sistema no puede frenar, ni siquiera, la reelección para alcaldes y diputados de delincuentes que abrazan viejitos y niños, para seguir comprando fincas y construyendo sus mansiones.

Y mientras la delincuencia no tiene freno y la criminalidad infame se imponen vemos cómo en la Policía Nacional Civil los capos del contrabando y el narcotráfico los turna el sistema en los puestos de importancia, para que el crimen organizado nunca pierda su tradicional soporte.

¿De mantener qué institucionalidad nos hablan ahora los representantes de los tres poderes?

Nuestra democracia no debería seguir siendo una farsa interminable.