¿Otra llamadita?

Aunque hasta la saciedad se había señalado que el actual sistema de partidos políticos debía ser urgentemente reformado, lo mismo que los procesos de postulación de autoridades, tuvo que venírsenos encima este tsunami para entender la dimensión del fenómeno y que quedara clara la simbiosis que existe entre grupos del crimen organizado y las instituciones estatales. Estamos hablando de la connivencia entre funcionarios —electos y designados— y miembros de estructuras criminales.

El sistema de justicia ha sido tomado por las mafias que han logrado cooptar salas y judicaturas. La forma en que se elige a los jueces y magistrados es la puerta de entrada para garantizar impunidad y mantener los tentáculos de la corrupción. La cooptación de la academia y de los gremios profesionales no es una casualidad, es una estrategia exitosa para agenciarse de suficiente número de postuladores y garantizar la elección de sus alfiles.

No se trata de individuos corruptos que buscan agenciarse dinero extra, sino de bien aceitadas redes que operan desde adentro del sistema y fuera de él, a través de bufetes de abogados mafiosos que tienen vinculaciones incluso familiares con miembros de la judicatura. Lo vemos ahora y lo vimos antes en procesos por adopciones ilegales. Hay una manera de proceder que determina el contenido de las resoluciones, los montos de las fianzas, y garantiza que los casos se caigan.

La “ingenuidad” de una de las jóvenes que retiró una millonaria suma de dinero de un banco del sistema y colocó en el formulario que sería utilizada para el pago de una fianza, cuando esta aún no se había fijado, respalda las escuchas telefónicas en las que miembros de la estructura se reconfortaban porque ya estaba arreglada su situación jurídica y porque sus abogados tenían estrechos vínculos con la jueza, y por lo que se entiende, con una magistrada.

Es decir, no estamos ante unos cuantos “garbanzos negros” que contaminan a los demás, sino ante cuerpos ilegales y aparatos clandestinos que siguen operando como lo hicieron en el pasado, aunque hayan mutado y extendido sus ámbitos de negocio e influencia. La presencia de Luis Mendizábal, que venía siendo parte de este tipo de estructuras desde los años del conflicto armado (Solano, 20/4/15), no solamente permitió el funcionamiento exitoso de la red, sino fue clave a la hora de negociar la resolución judicial. No cabe duda sobre de dónde vienen estas estructuras criminales, ni de que la impunidad del pasado les ha hecho fuertes y experimentados.

Se trata entonces de desmantelar estas redes, pero también de iniciar con urgencia una reforma profunda al sistema político y judicial, que nos garantice su depuración.