Aunque sin precisar montos, ministro de Gobernación dice que la administración de los recursos estará a cargo de ACNUR y OIM.
El gobierno de Estados Unidos contemplaría una asignación de US$40 millones -unos Q306 millones- “para instalaciones de inmigración, transporte y atención para ayudar a los funcionarios de Guatemala a manejar cualquier oleada de refugiados”, según una publicación del The New York Times citando a funcionarios estadounidenses.
El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, indicó que aún no conoce el artículo que informa sobre los fondos. “Supongo que se refiere al apoyo recibido a través de organismos internacionales, los cuales apoyarán en el proceso de implementación operativa”, comentó. Por aparte, también se contactó al equipo de comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores para confirmar este posible aporte, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo una respuesta.
Más tarde, el ministro de Gobernación amplió su respuesta: “Nosotros no vamos a usar recursos propios ni vamos a ejecutar recursos ajenos. La administración y aplicación de fondos extranjeros podrían ser utilizados por instituciones internacionales”. Degenhart confirmó que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) podrían encargarse de los fondos asignados, pero hasta el momento no hay confirmación del monto que Estados Unidos puede asignar a estas funciones.
El pasado jueves el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Kevin McAleenan, afirmó durante su visita a Guatemala: “No vamos a abrumar los recursos de Guatemala regresando a gente de los Estados Unidos, quiero recalcar que lo estamos haciendo con recursos y financiamiento de los Estados Unidos y con todo el apoyo de organizaciones internacionales, así como ACNUR y la OIM”.
Según la publicación del New York Times, tres altos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump confirmaron que el secretario de Estado, Mike Pompeo, había criticado en una reunión privada el convenio con Guatemala. “Pompeo calificó el acuerdo como un error y defectuoso, y le dijo a Trump que el gobierno guatemalteco no tenía la capacidad de cumplir sus términos”, señala la publicación del diario estadounidense.
En este reportaje también se detalla que McAleenan “predijo” que, tras la firma del acuerdo de tercer país seguro, “muchos migrantes regresarían a sus países de origen en lugar de buscar asilo allí -en Guatemala-“. La publicación también deja entrever una pugna entre el Departamento de Estado -encargado de la política exterior- y el Departamento de Seguridad Nacional, que encabeza interinamente McAleenan.
“Pero en privado algunos diplomáticos estadounidenses cuestionan la suposición básica del acuerdo: que Guatemala es capaz de aceptar lo que eventualmente podrían ser miles de solicitantes de asilo cada mes. Las autoridades también describieron la irritación dentro del Departamento de Estado, por lo que se considera la intromisión del Departamento de Seguridad Nacional en una misión diplomática con Guatemala”, cita el artículo.
Por su parte, The Washington Post, en una publicación del pasado 1 de agosto, resalta que la implementación del plan migratorio depende de “la voluntad de las autoridades de migración de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para ayudar a la administración Trump a ejecutar su plan de Guatemala”, una voluntad que el diario califica de “inestable”.
Esto luego de que las relaciones entre el Gobierno de Guatemala y la ONU sigan siendo “muy tensas después de la decisión de -Jimmy- Morales de expulsar a un programa anticorrupción de la ONU -la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig- ampliamente elogiado mientras los fiscales investigaban a miembros de la familia del presidente”, detalla The Washington Post.
Condiciones adversas
El acuerdo busca disuadir sobre todo a los inmigrantes de El Salvador y Honduras de emprender el viaje hacia Estados Unidos. Esto, según detalla una publicación de Prensa Libre, queda de manifiesto en que las condiciones que ofrece a otros inmigrantes del Triángulo Norte no resultan tan diferentes como para buscar un asilo en Guatemala.
El año pasado el producto interno bruto (PIB) creció en los tres países, pero los indicadores sociales son los que más preocupan con tasas de pobreza y desnutrición que son considerados alarmantes por especialistas. Así, mientras en El Salvador la pobreza y pobreza extrema afectan al 34% y 10%, respectivamente, estos porcentajes alcanzan en Honduras, según los datos más recientes, el 64.5% y 43%, y en Guatemala llegan al 59.3% y 23.4%.
El acuerdo, suscrito por el ministro Degenhart, forma parte de una estrategia regional estadounidense para frenar la migración irregular.
“El miércoles —23 de julio— recibí a los ministros de Gobierno y de Gobernación, no solo de Guatemala, Honduras y de El Salvador sino también de Costa Rica y Panamá, aquí en la sede del Departamento de Seguridad Nacional, para hablar acerca de las oportunidades de una alianza continuada para intentar romper el agarre de las organizaciones de tráfico de personas sobre el flujo de migrantes hacia la frontera de los Estados Unidos”, explicó el secretario McAleenan en una ronda de preguntas con periodistas estadounidenses el 26 de julio.
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