La mañana esta por terminar, murmullos y risas inundan la cafetería donde Julia Amparo Lotán Garzona se encuentra un día después de recuperar su libertar, pues estuvo en prisión preventiva por casi cuatro años. “Sus sentimientos son encontrados señala”, mientras coge una taza para beber.
“El tema de justicia debe humanizarse (…) es frustrante estar en prisión preventiva, porque además de ser un obstáculo para buscar documentos y defenderse, destruyen familias completas”, narra Lotán, quien formó parte de la directiva del IGSS, mientras trata de limpiar una lágrima de su mejilla.
Ella fue condenada por un tribunal en el caso IGSS-PISA (en proceso de apelación) y además es señalado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad (FECI) por peculado, fraude y defraudación aduanera en proceso Ambulancias.
Lotán fue capturada el 20 de mayo de 2015 junto con otros miembros de la Junta Directiva del IGSS, y salió de prisión preventiva el 13 de febrero último. En prisión preventiva sumó 1 mil 279 días, casi cuatro años.
“Salir me devolvió a la vida (…) voy ha recuperar el tiempo perdido, aunque hay algo que nunca voy a olvidar de esta en prisión -se detiene- que los jueces no me autorizaran el estar con mi papá en sus últimos días de vida, el falleció de cáncer”, manifestó Lotán Garzona.
Cifras e incremento
Lotán es parte de las más de 11 mil personas que estuvieron en prisión preventiva en 2018, en alguna de las 21 cárceles del país.
Situacíon que a criterio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN)se ha incrementado en 300% en los últimos diez años.
El CIEN explica en el informe que la proporción de personas en prisión preventiva pasó del 30% en 2012 al 47% en 2017 y que con esa proporción
de personas en prisión preventiva, Guatemala está arriba del promedio latinoamericano (44%) y del promedio mundial (33%).
Porcentaje de Personas en Prisión Preventiva
ONU y PDH señalan abuso
Asimismo, la institución asegura que los estándares internacionales manda que en un sistema de justicia penal “sano y eficiente”, el porcentaje de la población carcelaria sin sentencia firme no debe superar el 30%.
En 2016 la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala(OACNUDH), confirmaron los abusos de la prisión preventiva.
“Algunos jueces y fiscales expresaron la preocupación de que si aplican o solicitan medidas sustitutivas serían acusados de ser ´corruptos´o comprados´”, detalla el informe.
Algunos abogados consultados consideran que persiste una posición de apelar, incluso en la Corte de Constitucionalidad, cuando se otorgan medidas sustitutivas.
“Este problema (de la prisión preventiva) no es nuevo” recuerda el abogado Alejandro Balsells. Varios magistrados de conciencia lo han evidenciado, pero no hay voluntad para resolverlo.
Las autoridades judiciales confirman que permanecen allí por riesgo a que se obstaculice la averiguación de la verdad, por el peligro de fuga o por representar peligro para la sociedad (acusados de homicidio, entre otros).
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Informes internacionales
El Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas del 2013 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “ha considerado que la aplicación arbitraria e ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico en muchos países de la región”.
https://twitter.com/DGSPG/status/1096440416390529024
Al mismo tiempo detalla que el uso no excepcional de esta medida agrava otros problemas como los altos niveles de hacinamiento penitenciario, lo que contribuye a la vulneración de otros derechos fundamentales de los reclusos, como el derecho a la integridad personal.
Además, cita que las personas en prisión preventiva sufren “grandes tensiones personales” como resultado de la pérdida de ingresos, y de la separación forzada de su familia y comunidad.
Asimismo, padecen el impacto psicológico y emocional del hecho mismo de estar privados de libertad sin haber sido condenados, y por lo general son expuestos al entorno de violencia, corrupción, insalubridad y condiciones inhumanas presentes en la región.
“Nada cambia”
Cinco años después de presentado ese informe, la situación no ha cambiando prueba de ello es el testimonio de Julia Amparo Lotán Garzona.
Ella asegura que cuando estuvo en prisión en el centro preventivo de Santa Teresa (2015-2017), dormía en el suelo en un espacio reducido. “Cálculo que eran unos 30 centímetros de ancho y un metro de largo; solo podía dormir de lado, por esa razón ahora padezco de un problema de la columna”, narra.
Además recuerda que a las 17:00 las encerraban en un área con 120 mujeres, espacio que fue construido para albergar a 45 personas.
“Por lo mala que era la comida, mi familia me llevaba alimentos para que yo cocinara (…) productos sencillos como frijol y arroz”. añade.
Añade que hasta los cuatro meses logró dormir en una “plancha” y que dos años después de estar allí una de las reclusas la amenazó, razón por la cual la trasladaron a la prisión ubicada en la Brigada Mariscal Zavala.
“Es horrible estar allí. Nunca comí de lo que daba el Sistema Penitenciario, por eso insisto que debe humanizarse la justicia (…) hay muchas presiones políticas (…) nuestro caso podría haber sido discutido en la vía administrativa y no en lo penal “, asevera Lotán, con voz entre cortada.
Los miembros de la Junta Directiva del IGSS, acusados por fraude en el caso IGSS-Pisa, fueron enviados a prisión preventiva. El argumento del MP y la CICIG fue la existencia del peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad.
El delito que se les imputó en la primera declaración realizada en 2015 fue fraude.
En 2018 el expresdiente Álvaro Colom y parte del gabinete que lo acompañó en su administración, fueron detenidos por fraude y peculado en el proyecto Transurbano. A la fecha ninguno está en prisión preventiva.
Solución y propuestas
Para controlar y atender esta situación, representantes del Sector Justicia proponen revisar el catálogo de delitos y realizar cambios al Código Penal.
Las propuestas de reformas fueron entregadas a diputados que integran las Comisiones de Legislación Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, del Congreso de la República.
Tratados y prisión preventiva
Julio Cordón, Secretario de Política Criminal, explicó que en marzo 2018, se inició el proceso de discusión de las reformas al Código Procesal Penal, en la cual se abordó la situación de ajustar la normativa, la práctica a los tratados ratificados y a los estándares internacionales sobre prisión preventiva.
El proyecto propone la eliminación del catálogo de delitos que no tienen derecho a medida sustitutiva y la prohibición contenida en parte especial del Código Penal y leyes especiales.
Además, incluye la eliminación de la prórroga indefinida de la prisión preventiva, según el Ministerio Público (MP).
Detalles del proyecto
El proyecto establece que se aplica al momento de trascurridos cuatro meses, a partir de que concluya la audiencia de primera declaración y no se hubiese presentado la acusación, clausura, sobreseimiento o cualquier otra forma de terminación del proceso.
Las discusiones continuarán y se tiene previsto que equipos técnicos se reúnan en el Congreso de la República para afinar la iniciativa. Se busca que en un periodo corto pueda ser presentada al Pleno del Congreso.
Por aparte, el CIEN recomienda:
En el Sistema Penitenciario:
Ampliar la infraestructura
• Proceso de planificación más eficiente para mejorar la
ejecución presupuestaria.
• Continuidad de proyectos a pesar del cambio de
autoridades.
• Administrar los nuevos espacios bajo el Nuevo Modelo de
Gestión Penitenciaria.
En lo procesal:
– Aumentar la capacidad del sistema judicial
(infraestructura, personal, equipo y capacitación).
• Identificar con precisión todos los cuellos de botella y
priorizar su solución.
– Especial atención en Juzgados y Tribunales de Mayor Riesgo.
– Carceletas especiales para personas en prisión
provisional.
• Evitar mezclarlos con la población reclusa.
En lo legal:
– Limitar el tiempo de la prisión preventiva y de las
prórrogas.
• Implementar un mecanismo de monitoreo de los plazos.
– Eliminar el catálogo de delitos.
• Plan de implementación (alta demanda de revisión de medidas).
• Capacitación al personal.
– Mejorar las condiciones para otorgar medidas
sustitutivas.
• Más opciones de medidas sustitutivas.
• Implementar mecanismos de control.
– Ley de control telemático.
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