El tema de la violencia y criminalidad fue analizado en el programa A Primera Hora. Ayer se registró una explosión dentro de un autobús en la zona 7, que dejó siete heridos, incluida la supuesta agresora a quien fue necesario amputarle las manos.
Un día después de que se registrara un ataque con artefacto explosivo en un autobús de la ruta 32, el cual dejó como saldo siete personas heridas, el tema fue analizado en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
Edgar Guerra, defensor de los Usuarios del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Marco Antonio Canteo, experto en política criminal y exintegrante del Consejo Asesor de Seguridad; y Nelly Morataya, de la Fiscalía Contra el Delito de Extorsión, participaron como invitados en cabina.
Mientras tanto, se conversó por la vía telefónica con Carlos Sandoval, portavoz de la Municipalidad de Guatemala.
Morataya explicó que el caso fue designado a la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, tomando en cuenta los daños personales registrados, es esta la competente para conocer este tipo de investigación y procesar la escena del crimen.
Por aparte, se refirió al tema de la extorsión y comentó que las pesquisas han permitido establecer que parte de las órdenes para que se ejecuten este y diversos hechos delictivos surgen desde las prisiones.
“Los líderes de las pandillas que permanecen en determinados centros carcelarios siguen teniendo comunicación con el resto de integrantes de la organización criminal y giran las instrucciones”, expuso.
También dio a conocer que durante 2018 el sistema de justicia dictó 622 sentencias condenatorias en casos de extorsión.
Mientras tanto, Canteo se refirió a cómo la necesidad de que los temas de violencia y criminalidad sean tratados a fondo, pues consideró que normalmente las autoridades solo se dedican a lo inmediato y olvidan lo estratégico.
“Evidentemente, ante el fenómeno de criminalidad que azota el país, el Estado y las autoridades debieran tener dos estrategias: lo estratégico, para atacar lo estructural, y lo inmediato, sin lugar a dudas”, dijo.
Asimismo, el experto en política criminal señaló que el actual sistema de transporte público, en el que dominan los buses rojos y el Transurbano, es un “incentivo perverso para la extorsión”, por el hecho de que los pilotos manejen efectivo y porque se maneja subsidio para los transportistas.
“El transporte colectivo necesita un cambio rotundo, hay que modificar el modelo”, destacó.
Y consideró que el sistema Transmetro, implementado por la comuna capitalina, es una muestra de que sí hay medidas que se pueden aplicar para generar mejoras en este ámbito. Aunque consideró que es una buena medida extender este tipo de servicio, no es suficiente esto mientras sigan existiendo los buses rojos.
Sobre cómo funciona el Transmetro, el vocero municipal Carlos Sandoval explicó que actualmente se tienen 200 unidades circulando en la Ciudad de Guatemala, las cuales están distribuidas en seis líneas y prestan servicio a uno 350 mil usuarios cada día.
Para garantizar la seguridad, se tiene un aproximado de 200 elementos de la Policía Municipal distribuidos en las distintas estaciones de Transmetro, más el seguimiento que se le da al personal que monitorea constantemente.
También hay cuatro cámaras de video vigilancia por cada una de las 175 estaciones estaciones distribuidas en la ciudad capital, explicó el portavoz.
INCREMENTO EN AÑOS ELECTORALES
Guerra mencionó que la activación del artefacto explosivo de fabricación casera, ocurrido ayer en la zona 7, no puede considerarse como un hecho “fortuito”, como lo calificó el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart.
“Es algo estructural, ya está establecido el tema de las extorsiones y cada vez peor. Yo creo que esto hace diez años empezó a agravarse”, expuso.
Por ello señaló la necesidad de que haya un fortalecimiento institucional en el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, el Organismo Judicial y el sistema de justicia en general, para poder darle esa tranquilidad al guatemalteco de que la justicia está llegando.
El funcionario de la PDH no descartó un posible incremento de hechos de violencia que afectan a usuarios del transporte público y trabajadores de este sector, tomando en cuenta que el 2019 es un año electoral.
Indicó que generalmente hay un aprovechamiento de parte de las estructuras criminales para disfrazar su actividad criminal. “Hay hasta probablemente algunos políticos que pudieran aprovechar esto como cortina de humo. Hay que ser muy honestos en este sentido, en mi opinión es que sí puede darse un incremento”.
De igual forma, aseguró que las estadísticas han comprobado que cada cuatro años, previo a las elecciones, siempre hay un repunte de hechos violentos.
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