Según la asociación de Dignatarios de la Nación, los magistrados emitieron resoluciones violatorias a la Constitución al otorgar un amparo que impedía solicitar el retiro del embajador Anders Kompass.
Por mayoría, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió para su trámite y remitió al Congreso de la República la solicitud de antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Francisco de Mata Vela, Bonerge Mejía Orellana y Gloria Porras Escobar.
Según la CSJ, había suficientes indicios para iniciar el trámite de antejuicio en contra de los tres magistrados de la CC que votaron en favor de amparar a la Fundación Myrna Mack y al abogado Alfonso Carrillo, para frenar la solicitud del Ejecutivo, para retiro del embajador de Suecia, Anders Kompass.
De Mata Vela, Mejía y Porras son tres de los cuatro magistrados que el miércoles dejaron en suspenso (luego de una sesión de ocho horas) la decisión del mandatario Jimmy Morales de finalizar unilateralmente el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Son los mismos magistrados que también han frenado las intenciones del mandatario de entorpecer el trabajo de la Comisión y de no permitir el ingreso del jefe de dicha entidad, Iván Velásquez.
ANTEJUICIO EN CAMINO
El 10 de mayo del año pasado, el presidente Jimmy Morales y la ministra de Relaciones Exteriores (Minex), Sandra Jovel, solicitaron, por medio de una carta diplomática, el retiro del embajador sueco Anders Kompass, uno de las naciones donantes de la CICIG.
Mario Siekavizza, nuevo portavoz del Organismo Judicial (OJ), señaló que el pleno fue integrado por los 12 magistrados titulares, de los cuales diez votaron en favor de dar trámite a la solicitud de la Asociación de Dignatarios de la Nación de la Asamblea Constituyente.
Según Guillermo Pellecer (presidente de la Asociación), los magistrados habrían incurrido en prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución, violación a la Constitución y abuso de autoridad, por arrogarse atribuciones de política exterior, que competen únicamente al Presidente y que puede delegarlas en el Minex.
Las magistradas Delia Marina Dávila Salazar y María Eugenia Morales Aceña emitieron sus votos razonados disidentes.
CONGRESO EN RECESO
El Organismo Legislativo se encuentra en receso y retomará sus actividades el próximo 14 de enero. Según la Ley Interna del Congreso, en caso de que un antejuicio llegue en tiempo de receso, es la Comisión Permanente la que debe elegir por sorteo a tres de sus integrantes para conformar la Comisión Pesquisidora.
Dicha Comisión deberá realizar el análisis del expediente y recomendar, por medio de un informe al pleno si se debe o no retirarle el derecho de antejuicio a los magistrados.
Son 105 votos los que se requieren para que los magistrados queden sin inmunidad.
Los diputados Álvaro Arzú Escobar, Felipe Alejos, Juan Ramón Lau, Javier Hernández Ovalle, Estuardo Galdámez, Dolores Beltrán y Leonel Arévalo, son los que integran la Comisión Permanente del Legislativo.
REACCIONES
Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, indicó que es evidente que el país se encuentra en una dinámica de choque entre poderes que está dirigida por el Gobierno central. “A toda costa quieren impedir la lucha contra la corrupción, y la Corte de Constitucionalidad es una piedra en su zapato”, enfatizó.
Marroquín consideró que la decisión de la CSJ es un paso más para desmantelar la independencia a nivel institucional para lograr sus objetivos de mantener al país bajo su régimen.
Helen Mack señaló que la CSJ refuerza el argumento presentado por la canciller Sandra Jovel donde solo el mandatario tiene el poder de dirigir la política exterior. “Esto lo empezamos a ver desde el caso del embajador Anders Kompass y su expulsión”, dijo.
Mack aseveró que el gobierno está preparando el terreno para realizar acciones inconstitucionales utilizando la soberanía del país. “Alegan que solo el Presidente tiene el mando. Pero dejan a un lado el Artículo uno de la Constitución que es el bien común”.
Ayer por la mañana, el diputado del partido oficialista FCN-Nación, Estuardo Galdámez, hizo un llamado a “desobedecer órdenes ilegales”, haciendo referencia a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. El congresista mencionó que tres magistrados de la Alta Corte son “malos guatemaltecos. Todo ciudadano tiene la facultad de desobedecer cualquier orden que deviene ilegal e ilícita, y eso mismo también está establecido en la Constitución”, dijo Galdámez.
El diputado Fernando Linares Beltranena dijo que es necesario confrontar a la Corte de Constitucionalidad por extralimitarse en sus funciones.
SOLICITUD DE LA PGN
El pleno de la CSJ deberá conocer también una solicitud de retiro de inmunidad, interpuesta por el Procurador General de la Nación (PGN), Luis Donado, en contra de los mismos magistrados, por la misma resolución. En donde el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) planteó un amicus curiae, para manifestar su apoyo a los magistrados de la CC.
Por: RONY RÍOS rrios@elperiodico.com.gt
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