Algunos de los ponentes son investigados por las autoridades.
Los diputados Estuardo Galdámez, Eva Monte Bac, Delia Bac, Karla Martínez y Dolores Beltrán anunciaron este día una iniciativa de ley con la cual buscan que sean sancionadas las personas particulares y medios de comunicación que critiquen a los políticos o candidatos.
El texto adiciona dos artículos al Código Penal por “acoso político” y “violencia política”. En el primero, que estaría regulado en el 407 P, incurriría quien realice persecución y hostigamiento contra quienes busquen ostentar un cargo público.
Si la persona opina o critica en un medio de comunicación o plataforma digital será sancionada con 2 o 3 años de cárcel y multa que va de Q2 a Q10 mil. Asimismo, el artículo 407 Q propuesto penaliza con 5 años de prisión a quienes agredan de forma física o psicológica a los postulantes.
“Si este delito fuera cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica o empresa, además de las sanciones aplicadas a los participantes del delito, se impondrá a la persona jurídica o empresa una multa de Q5 mil a Q20 mil. Si se produce reincidencia se sancionará a la persona jurídica o empresa con su cancelación vigente”, se lee en el documento presentado.
Esta iniciativa violentaría el Artículo 35 de la Constitución Política, en el cual señala que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, criticas o imputaciones contra funcionarios públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.
La aldea fantasma
El Ministerio Público investiga la aldea El Paxtal, de Sumpango, la cual no existe, pero donde sí se construyó una carretera de 760 metros que conduce al Spa de la diputada Delia Bac. Este proyecto de obra gris costó Q1.9 millones, y colinda con el terreno propiedad de la congresista, según reveló elPeriódico.
Bac ocupa una curul desde el 2008, cuando fue electa y reelecta por la UNE, posteriormente se unió a la bancada de extinto partido Líder y, ahora, es la jefa del bloque Alianza Ciudadana (AC).
Eva Nicolle Monte Bac, su hija y una de las ponentes de esa iniciativa, ocupa el anterior cargo de su madre, ya que funge como representante por Chimaltenango. Bac le cedió el puesto cuando alcanzó la reelección como legisladora en el 2015 por el listado nacional.
Relacionado con constructores
Estuardo Galdámez tiene relación con Biotecnologías Energéticas, S. A. (Bionerg) la empresa que abandonó la construcción de un tramo en la ruta nacional de Panzós, Alta Verapaz, hacia El Estor, Izabal, según reveló elPeriódico.
Bioenerg era propiedad de la familia Lorenzana, pero Galdámez se hizo de la misma luego de que esta fuera vinculada al narcotráfico. Durante el gobierno de Otto Pérez Molina, donde Galdámez resultó electo diputado por el Partido Patriota, Bioenerg recibió un desembolso de Q22.7 millones para construir el puente Cahaboncito, pero solo colocó los pilotes y abandonó la obra.
Asimismo, elPeriódico informó que Galdámez está estrechamente ligado al representante legal de Agromec, Fredy Ricardo Chávez Ordóñez, quien fue capturado en 2011 por presentar fianzas falsas en dos proyectos de obra gris en los que participaba.
Control en Salud
La diputada Karla Martínez es hija de la también congresista, Sofía Martínez, ambas son representantes por Huehuetenango y mantienen el control del tema de salud en su departamento.
Por: Katerin Chumil elPeriódico / Con información de Enrique García
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