Se trata de dos deudas a contratistas por la construcción del edificio del Ministerio Público (MP) y el arrendamiento de equipo de cómputo, que juntas suman Q204.5 millones.La fiscal General, María Consuelo Porras, informó que un equipo analiza deducir responsabilidades a los funcionarios del Ministerio Público (MP) que permitieron el crecimiento de dos deudas millonarias; una por la construcción de la sede central de la entidad y otra más por el alquiler de computadoras.
Se trata de la deuda con la entidad Copreca, que suma Q97.5 millones por la construcción del edificio en el barrio Gerona y a Global Corp por el arrendamiento del equipo de cómputo que llega a Q107 millones. En total son Q204.5 millones, informó la funcionaria.
Esta semana se conocieron detalles del caso y la abogada Diana Odette Benavides Lázaro renunció al cargo de jefa del Departamento Jurídico del MP. En un comunicado, que fue difundido en las redes sociales, indicó que fue “coaccionada” y “humillada” para que renunciara al cargo.
“Después de más de nueve años de servir al Ministerio Público me siente temerosa porque en Guatemala es más fácil ser corrupto que honesto”, explicó Benavides Lázaro.
“La licenciada Benavides Lázaro puso su cargo a disposición”, mencionó la jefa del MP al ser consultada sobre los señalamientos de la extrabajadora.
Benavides indicó que su salida del MP fue para que evitar que interpusiera un recurso dentro del juicio ejecutivo 01165-2016-00965, proceso por el que el ente investigador debe pagar Q144 millones, 412 mil 317.90 a la entidad Concreto Preesforzado de Guatemala, S. A., (Copreca) antes del 31 de diciembre del 2018.
El caso de Copreca fue informado por el matutino elPeriódico. Detalla que el Juzgado Décimo Penal notificó al MP una medida precautoria. La resolución del juzgado ordena la liquidación de un contrato. Inicialmente eran Q5 millones y después de 13 años el monto aumentó a Q97 millones más intereses, para un total de Q144.4 millones.
El MP y Copreca suscribieron un contrato para la construcción del edificio en la zona 1 en 2001. El edificio fue entregado en 2006 y el Estado pagó un total de Q93 millones y quedaron Q5 millones de deuda.
La Comisión Receptora y Liquidadora del MP emitió una liquidación por Q5.1 millones cuando fue terminado el edificio, aunque Copreca sometió a litigio de arbitraje.
El edificio del MP fue entregado en 2006. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
Deuda es distinta
Porras aclaró que son dos deudas que suman Q204.5 millones. En cuanto a la deuda, la jefa del MP manifestó que había solicitado al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) una partida presupuestaria para pagar el monto.
“Si el presupuesto nos lo permite, porque es un compromiso institucional. Lo que hemos hecho es gestionar frente a Finanzas Públicas para que se nos pueda abonar esta cantidad para pagar y solventar la situación. Es una resolución judicial y si no se cumple me certifican lo conducente”, dijo Porras.
Críticas
Mayra Veliz, exsecretaria del MP, recordó que existe una resolución que firmó Porras cuando integró la Corte de Constitucionalidad (CC). Es la sentencia de apelación de amparo de los expedientes 3658+2014 y 3661-2014.
“La resolución que firmó Porras detalla y ordena que Thelma Aldana -entonces fiscal General- debía privilegiar su interés superior antes de pagar los montos millonarios”, explicó Veliz.
Porras integró la CC en sustitución del magistrado Neftaly Aldana y conoció las acciones legales que planteó Aldana el 22 de noviembre del 2017.
El amparo que firmó Porras en la CC. (Foto Prensa Libre: Cortesía)
“En cuanto al equipo de cómputo lo que notamos es que era más caro el arrendamiento que comprar las computadoras”, se refirió Rottman Pérez, quien fue secretario de la Política Criminal del MP y conoció las demandas millonarias.
El arrendamiento de las computadoras se realizó durante la gestión del entonces fiscal General Juan Luis Florido 2004-2008.
La jefa del MP reiteró que se deberán deducir las responsabilidades a las personas que provocaron que la deuda creciera. En cuanto a las acciones que fueron rechazadas la fiscal Porras mencionó que habían sido acciones extemporáneas o la argumentación no fue la adecuada y fue denegado.
Benavides compartió también que había sido retenida por César Isaac Páyes Reyes -asesor del despacho-; Luis Adolfo López Oliva -director de Recursos Humanos-; y Lucrecia Varinia Vásquez Abadía -de la Secretaría de la Mujer-. Ninguno de los funcionarios quiso pronunciarse al respecto y fue la fiscal Porras quien desmintió los hechos.
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