En 2011, Shayne Ochaeta trabajaba como investigadora de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y fue despedida pese a estar embarazada.
De acuerdo con las leyes guatemaltecas le asistía el derecho de inamovilidad laboral.
La investigadora solicitó a un juzgado su reinstalación, pero la Comisión invocó en su oportunidad la inmunidad total.
Años después la CC emitió un fallo en el cual establece que la Cicig carece de esa prerrogativa y que sí tiene fuero judicial laboral, por lo que correspondía que el caso fuera juzgado por tribunales guatemaltecos.
El juez tercero de Primera Instancia resolvió que el despido fue “injusto” y ordenó la reinstalación de la abogada Ochaeta y, como consecuencia del dictamen, el pago de salarios caídos.
La Comisión y el Ministerio Público de ese entonces se opusieron y apelaron el dictamen, e interpusieron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia que finalmente llegó a la Corte de Constitucionalidad.
A casi siete años del inicio del proceso, durante los cuales 47 jueces conocieron el caso, un juez de primera instancia, dos salas de Apelaciones, así como dos plenos de la Corte Suprema de Justicia y dos plenos de la Corte de Constitucionalidad, se dictaminó que Ochaeta debe ser reincorporada a su puesto, al quedar probada la injusticia del despido y la violación a las leyes laborales.
En el siguiente enlace puede ver la resolución de la Corte.
https://www.facebook.com/canalantigua/videos/300540050551289/
Por Canal antigua.
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