El debate del presupuesto inició. Hay opiniones encontradas sobre si el Congreso debería de aprobar o no el nuevo proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo. Ciertamente las necesidades son innumerables y los recursos escasos.
La falta de infraestructura, altos índices de inseguridad, ausente calidad educativa, etcétera, son realidades que necesitan inversión pública para mejorar. Mientras esta lista crece, varias entidades estatales exigen aumentos presupuestarios. Tal es el caso del sindicato de maestros, quienes presionan al gobierno para aprobar un aumento salarial equivalente a Q960 millones. Otro caso es el del Ministerio de Salud, cuyos médicos exigen un nuevo pacto colectivo que contempla un aumento de salarios que nos costará Q2 mil millones. Y el reciente firmado pacto colectivo en el Organismo Judicial (OJ), para el cual se necesitan Q90 millones anuales.
Quiero ser claro. Para atraer al mejor talento para ocupar cargos de servidores públicos, debemos ofrecer salarios atractivos y competitivos, relativo a lo que puedan ganar personas con similares competencias en el mercado laboral. Lo que no se vale son negociaciones a puerta cerrada donde se pactan apoyos políticos a cambio de concesiones salariales, empeñando el erario nacional. La estructura del presupuesto es rígida y este tipo de aumentos –improvisados y sin respaldo técnico-son una carga insoportable. Casi la totalidad del presupuesto va a gasto, gran parte de eso es nómina salarial. La inversión brilla por su ausencia.
Debido a la falta de una reforma fiscal, es previsible la suma que el Estado tendrá a su disposición para el 2019. Por ello debemos priorizar el gasto. La propuesta del Ejecutivo se enfoca en tres ejes: desarrollo humano, economía y prosperidad, y seguridad y justicia. Tenemos grandes pendientes en cada una de estas áreas. En el caso de seguridad y justicia, el Flujograma de Justicia Criminal, una herramienta que mide la eficiencia de las instituciones de la cadena de seguridad y justicia, lo ha demostrado.
En su tercera medición, correspondiente al 2017, la eficiencia fue de 26.6 por ciento. Ello significa que por cada 100 nuevos casos, 27 salieron del sistema, el resto se acumula en la ya exorbitante mora judicial. El MP, en parte gracias a un aumento de presupuesto, tuvo una mejora del 15 al 30 por ciento. Tras ello, el OJ tuvo una mayor carga de trabajo, pero con un menor presupuesto. Su eficiencia pasó de 20 a 18 por ciento. Las demás entidades también mostraron una baja en su eficiencia, pero la más crítica es el Sistema Penitenciario, cuya ocupación ha pasado a ser 357 por ciento.
Es de reconocer que el eje de seguridad y justicia sea una de las prioridades presupuestarias. Sin embargo la asignación relativa aún no responde a un abordaje sistémico. Estas “inversiones” están en riesgo debido al sinfín de compromisos que varias entidades están adquiriendo a través de negociaciones políticas de pactos colectivos. Estas no tienen respaldo financiero y ponen en riesgo la ejecución de programas que velan por el mejoramiento de la nación.
Necesitamos hablar de calidad de gasto. Necesitamos una planificación financiera y operativa que responda a un abordaje sistémico en todas las instituciones. Pero además, necesitamos darle continuidad a estos procesos de medición para fortalecer todo el Estado. Una inversión de calidad, pertinente, eficiente y transparente es fundamental para sacar adelante a Guatemala. Esperemos que, en los próximos meses, nuestro Congreso analice minuciosamente este tema y definan prioridades. Como dice el refrán, “de grano en grano, se llena el granero”. Es ese mismo cuidado con el que el granjero guarda cada grano, el que debemos exigirles a todas nuestras autoridades.
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