El 16 de abril de 2015, el primer emblemático jueves de Cicig, estalló el caso La Línea, que involucró a altos funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina y directores de la SAT, en una sofisticada red de contrabando en las aduanas de Guatemala. Poco más de un mes después, el 20 de mayo, salió a luz el caso IGSS-Pisa y al llegar a septiembre ya había renunciado a la Presidencia Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti se encontraba detenida. Juan Carlos Monzón se entregó a la justicia en octubre y se convirtió en colaborador eficaz, junto con Estuardo Eco González. Siguieron otros muchos casos, en una historia ampliamente difundida y conocida, parte de un drama mayor apodado lucha contra la corrupción. A más de tres años del inicio de estos casos, no hay condenas. Los colaboradores eficaces ya están libres; Eco cumplió 30 meses en prisión y Monzón, 32.
Ese es el balance de la justicia; no hay condenas. Cada semana se reciclan noticias sobre el estado de los procesos en los tribunales. Un recurso aquí, otro allá, recusaciones, que Baldetti no le paga a su abogado, ella y Otto Pérez entran y salen de hospitales, que el juez Gálvez esto y aquello, pero no avanzan los procesos, no se logra cerrar el círculo de la justicia. Toda la junta directiva del IGSS-Pisa sigue en la cárcel, incluyendo al presidente del Banguat y Max Quirín, sin que se vea esclarecimiento y avance en los procesos judiciales. El sistema de justicia da muestras de parálisis e incapacidad.
La Línea representó la evolución de El Sindicato, La Cofradía y la Red Moreno. Esta última fue denunciada y atacada por el Ministerio Público a finales del siglo pasado; en 2001 Moreno pagó una fianza de un millón de quetzales y fue dejado en libertad. El caso La Línea, supuestamente, habría cortado la cabeza de esta serpiente. Ahora nos enteramos de que los cobros ilegales aún siguen en los puertos (PL 27/08/2018); el negocio se ha reconstituido y evolucionado, y esto no ha tomado a nadie por sorpresa. Si esta es la lucha contra la corrupción, no está funcionando.
Otro caso emblemático de la parálisis de la justicia es el que arrastra la Corte de Constitucionalidad con la Minera San Rafael. Los amparos que solicitan Myrna Mack y Jordán Rodas se resuelven en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando se trata de una actividad productiva de miles de millones de quetzales, la CC bosteza y se toma su tiempo, mientras se pierden miles de empleos, quiebran empresas y el fisco deja de percibir cientos de millones en impuestos. Cada día que pasa la CC clava más profundo el puñal a ese frágil concepto de certeza jurídica.
Mientras tanto, la Cicig, Iván Velásquez y el Ministerio Público dirigen sus cañones hacia los partidos políticos y la obsesiva misión de derrocar a Jimmy Morales. Cierto es que muchos ejemplares de la clase política son indefendibles, pero es difícil pensar que no hay agendas escondidas aquí. Opino que el ataque a Nineth Montenegro y Encuentro por Guatemala es puro show para tratar de demostrar que no son ataques selectivos, y que este caso no prosperará. Si me equivocara, lo reconoceré en este mismo espacio. Se ha llegado al punto de que ya hasta el Tribunal Supremo Electoral le toma dictado al Tal Iván, no vaya a ser que ellos sean los próximos en su lista en la “lucha contra la corrupción”.
El sistema de justicia está colapsado y la población arrinconada por la delincuencia y el crimen organizado. No hay seguridad, ni justicia, ni certeza jurídica. Algo tiene que cambiar y me late que no será la Embajada, ni la Cicig, quienes puedan lograr estos cambios.
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