La Asociación Pro Desarrollo Minero (APRODEMI), solicitó a la Corte de Constitucional analizar “seriamente“ las denuncias contra CALAS.
La falta de operación en la Minera San Rafael es por un amparo otorgado al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), en mayo del año pasado, impulsado por el ex integrante de ese grupo, Rafael Maldonado.
Maldonado fue despedido recientemente de la organización ambiental, luego de varios años de ser el principal asesor jurídico.
Según un comunicado de CALAS, el despido fue por “una serie de agresiones a varias mujeres”. Uno de los casos prosperó y le prohibieron a Maldonado acercarse a la persona y a la organización.
Presidente de APRODEMI, Álvaro Zebadúa, afirma que cuando la #MinaSanRafael dejó de operar, había 600 proveedores. Ahora, 385 días después de la suspensión de las actividades, unas 200 empresas proveedoras de la mina han cerrado. pic.twitter.com/JGRwABWALN
— República. (@republicagt) July 25, 2018
Asimismo, CALAS menciona que Maldonado y otras personas realizaron un “simulacro de Asamblea Extraordinaria con personas que, como él, no son socias de CALAS, por lo que cualquier decisión tomada por ese grupo espurio carece de validez… Lamentamos los intentos de Maldonado de sorprender la buena fe de algunos comunitarios para que lo respalden su actos manifiestamente ilegales”.
Revisar amparo
Con base en los señalamientos de CALAS contra Maldonado, APRODEMI solicita que la Corte de Constitucionalidad analizar “seriamente” las acusaciones y tomarlas en cuenta para la resolución definitiva de la minera.
Maldonado fue quien consiguió el amparo que paró las operaciones, y que después apeló cuando la Corte resolvió que siguieran las operaciones mientras el Estado realizaba una consulta con la población.
Desde esa apelación, la Corte no ha resuelto y la minera mantiene suspendidas las operaciones. Hasta la fecha hay siete mil 500 personas que han sido despedidas de la mina.
“La falta de certeza jurídica que se genera a cualquier inversionista ha causado una caída de 18 por ciento”, explicó Álvaro Zebadúa, presidente de APRODEMI.
Está asociación representa a unos 600 proveedores de productos y servicios para la mina, de los cuales al menos 200 han cerrado por la suspensión de operaciones.
Los proveedores representan 17 mil puestos de trabajo, y unos Q250 millones al año en impuestos.
Este marte APRODEMI también presentó un memorial al Ministerio Público para hacer de conocimiento la situación de CALAS.
No Responses