La diputada de la bancada Todos Andrea Villagrán presentó una acción en la Corte de Constitucionalidad para detener la discusión de esa iniciativa de ley.
Las sanciones para el financiamiento electoral ilícito que propusieron algunos diputados causaron polémica entre el Legislativo, por lo que Villagrán y organizaciones civiles presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) para frenar dicha reforma, la cual no es acorde a lo que recomendó el máximo tribunal.
Entre los argumentos de la acción legal es que dicha modificación afectará las investigaciones y procesos sobre financiamiento electoral ilícito, como es el caso del presidente, Jimmy Morales, y alrededor de 60 legisladores, entre ellos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y del Frente Nacional de Convergencia Nacional (FCN-Nación), las bancadas mayoritarias.
A mediados de febrero pasado la CC exhortó a los diputados a discutir una reforma al segundo párrafo del artículo 407 “N” del Código Penal, debido a que algunos abogados cercanos a varios legisladores buscaban que se declarara inconstitucional.
BUSCAN BENEFICIO
Villagrán comentó que existe conflicto de intereses entre sus colegas, por lo que contravienen lo establecido en los artículos 154 de la Constitución, el 98 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y a las literales a y b del artículo 18 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
La modificación a este artículo que se ha dictaminado busca reformas en materia penal que generaría falta de certeza, complicaría la investigación en términos procesales y por ende, pondría en duda la responsabilidad de los secretarios generales de los partidos políticos respecto al manejo de financiamiento electoral”, resaltó la congresista.
Entre los diputados que se pronunciaron en contra de la medida de Villagrán, está el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, ya que desde su cuenta de Twitter escribió: “Todos los diputados tenemos el derecho constitucional de presentar iniciativas de ley, dictaminarlas y votarlas. Cualquier intento de limitar ese derecho constituye un rompimiento al orden constitucional y por tanto, un delito penal grave”
Todos los Diputados tenemos el derecho constitucional de presentar iniciativas de ley, dictaminarlas, discutirlas y votarlas. Cualquier intento de limitar ese derecho constituye un rompimiento al orden constitucional y por tanto un delito penal grave.
— Alvaro Arzú 🇬🇹 (@AlvaroArzuE) July 24, 2018
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