El más reciente abuso de poder de la CICIG llamó la atención del senador republicano Roger Wicker, presidente de la Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa –la Comisión de Helsinki–.
Durante la administración Obama demasiados políticos e intelectuales guatemaltecos –como del resto de Hispanoamérica– miraron a otro lado mientras, con apoyo del departamento de Estado, el Alto Comisionado de la ONU estafaba la confianza que casi toda Guatemala puso en la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala). Una comisión contra la impunidad, cuya propia impunidad encubierta por la intelectualidad y la prensa de la izquierda norteamericana y europea es cada vez más notoria. Me temo que la CICIG finalmente resulte poco más que una corrupta estrategia ideológica infiltrada en la lucha contra la corrupción.
No era de extrañar el sesgo de la CICIG a favor de quienes iniciaron y perdieron una guerra civil, y que tras firmar la paz carecían de votos; una comisión de burócratas jurídicos de la ONU financiada por el Departamento de Estado bajo Hillary Clinton. Muestra de la influencia de la CICIG fue Claudia Paz y Paz Bailey en la Fiscalía General de Guatemala, trastocando en ”defensores de derechos humanos” bandas mafiosas de exguerrilleros dedicados a la extorsión. Y desautorizando a la fiscal que intentó someter a tales mafias rojas a la ley, quien sufrió un atentado, minimizado y negado, por la fiscal general.
La Comisión de la ONU contra la Impunidad en Guatemala parecía tan buena idea que muchos se niegan a ver las oscuras y arbitrarias actuaciones de una comisión internacional contra la impunidad que resiste todo escrutinio. Así es fácil corromper la lucha contra la corrupción.
Se ha visto a la CICIG –como a fiscales y jueces que impulsa– dar al traste con el Estado de derecho. Manipuladas acusaciones. Violaciones del derecho a la defensa. La burla del debido proceso. La “exportación” de persecuciones ideológicas –llegan a Suiza– logrando la cadena perpetua de Erwin Sperisen. Jefe policial al que la CICIG decidió condenar a toda costa, y contra el que usó el desastroso intento de retomar el control de una cárcel bajo el gobierno de bandas armadas de criminales. Tras una condena en 2014, cuando fiscalía y tribunales dieron por valido todo lo enviado por la CICIG –bloqueando la acción de la defensa, según sus abogados–, Sperisen obtiene libertad condicional en 2018. Y una nueva apelación en tribunales suizos.
Son los EE. UU. los que financian una comisión que hace el papel de fiscalía de la ONU en Guatemala. Sus fiscales burlan el Estado de derecho en lugar de fortalecerlo. Usan su privilegiada y delicada posición para politizar –con agenda ideológica izquierdista– al poder judicial guatemalteco. La CICIG actúa en Guatemala desde 2007. Y aunque ha logrado someter a juicio a algunos criminales de cierto poder, pesa más su constante interferencia en la política de Guatemala y sus abusos incalificables. Con el sesgo ideológico bajo el que la establecieron, no es de extrañar que los defensores irrestrictos de la CICIG estén en la extrema izquierda de Guatemala. Y que quienes confiaron en su imparcialidad y profesionalismo se decepcionen. Ni que su propaganda como actor político local influya en la población.
El más reciente abuso de poder de la CICIG llamó la atención del senador republicano Roger Wicker, presidente de la Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa –la Comisión de Helsinki–. El senador Wicker pretende revisar el papel de la CICIG en la condena judicial en Guatemala de una familia rusa perseguida por el Gobierno de Putin. En su huida de la persecución del Kremlin el matrimonio de Igor e Irina Bitkov, junto a su hija Anastasia, fueron víctimas de una mafia Guatemalteca de documentos de identidad falsos. La CICIG se empeño en condenarlos por los mismos delitos que al grupo criminal que los estafó. Y logró condenar a las víctimas junto a parte de los delincuentes. Dejando a otros notorios cómplices libres de la menor molestia.
Bajo la Convención de Palermo de la ONU, se entiende que esos inmigrantes fueron víctimas. El tribunal de apelaciones en Guatemala dictaminó que no cometieron delito alguno. Pero la CICIG y fiscales bajo su protección ignoraron la decisión del tribunal. Y de un tribunal inferior obtuvieron la condena. Una prestigiosa columnista del Wall Street Journal insistió en obtener respuesta de los responsables de la CICIG sobre la condena de los inmigrantes estafados y sobre la impunidad del despacho de abogados que sirvió de intermediario en la estafa. Lo que reporta en su columna Mary Anatasia O´Grady es el descaro y la impunidad con la que la CICIG maneja su poder en Guatemala. Sin rendir cuentas a nadie, por nada.
Ya la CICIG se ha negado a comparecer ante el Comité Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los EE. UU. Y es claro por qué el legislativo, que materialmente paga la existencia de la CICIG, tiene motivos para revisar las acciones de esa peculiar comisión. Si como es probable la CICIG se negase también a responder ante la Comisión de Helsinki, lo único que dejará claro es lo mucho que tiene que ocultar. Expuestos en la prensa internacional, con sentencia del tribunal de constitucionalidad, liberan finalmente a los Bitkov. ¿Suficiente excusa para no dar explicaciones tras perseguir y encarcelar inocentes a capricho?
En Guatemala la CICIG insiste en influir en nombramientos judiciales; en proponer reformas controvertidas a la Constitución; maneja una política de medios como un actor político local, con su propia agenda en la política interna. Lejos de fortalecer las instituciones guatemaltecas –su misión– las debilita; las hace cada vez más dependientes de la “asistencia” de la propia comisión. El sesgo ideológico izquierdista –apoyo a exguerrilleros y al resto de la izquierda radical de Guatemala y la manipulación política del juicio a Ríos Montt– la pone a cubierto de la acusación de imperialismo, injerencia en la soberanía, u otra similar. Pero es claro que es un agente externo que excede ampliamente la misión para la que fue invitada. Uno que interfiere peligrosamente en la política interna de una democracia muy frágil. Que apoya a sectores claramente antidemocráticos. Y que no parece dispuesta rendir cuentas ante nadie.
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