Líderes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18, algunos sentenciados por varios asesinatos y calificados de alta peligrosidad, escaparon pagando sobornos por Q2.1 millones para no dejar huella. Las puertas de dos de las cárceles de máxima seguridad del país se abrieron para liberar a 14 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) y cuatro más del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes 1.
Los primeros interrogatorios efectuados por la Policía Nacional Civil (PNC) reportan que 14 de los 18 pandilleros pagaron Q150 mil, cada uno, un total de Q2.1 millones, para salir tranquilamente por la puerta principal de El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa. De los que escaparon de Fraijanes 1, en el departamento de Guatemala, no hay registro.
Nueve de los fugados ya fueron capturados. Esta es la historia de cómo las autoridades descubrieron una de las fugas más numerosas desde 2005.
Complicidad
Los policías y guardias no encontraron túneles ni perforaciones en las paredes. Los candados y las cadenas de las puertas tampoco fueron destruidos. La hipótesis principal en los informes de análisis del Sistema Penitenciario es que existió complicidad de las autoridades de turno.
Durante los operativos contra extorsiones organizados en el primer semestre del 2016, agentes y fiscales detectaron que algunos de los pandilleros detenidos en distintas acciones se habían fugado. Habían vuelto a las calles días después de que ellos mismos los habían esposado.
Por esa razón, en junio de ese año se pidió a Presidios efectuar requisas en los dos centros carcelarios y participar en ellas. Fue así como confirmaron que 18 pandilleros, acusados principalmente de asesinato y extorsión, ya no estaban en sus celdas. Las fugas, hasta entonces, no habían sido reportadas porque en las cárceles era normal que los mismos reclusos hicieran el recuento entre sí y administraran las llaves del sector.
Salvatrucha
Ni la PNC ni Presidios lograron establecer la fecha exacta y cómo salieron de El Boquerón los 14 reos, solo que las fugas fueron detectadas en 2016, en tres sucesos distintos: una requisa en junio, otra en octubre y porque los reclusos no comparecieron a las audiencias judiciales.
La investigación comenzó cuando agentes de la PNC se encontraron en las calles con algunos de los pandilleros que hacía años o meses habían atrapado y que debían estar presos.
Estos policías conocen los nombres y apodos de todos los pandilleros, como si fueran parte de la estructura, y por eso reconocerlos les resultó fácil. Los investigadores han dedicado buena parte de su vida a la persecución de este tipo de perfiles delictivos (extorsionistas, sicarios, asesinos, etcétera), por eso dieron aviso a sus superiores e insistieron en la urgencia de requisar el penal.
“Dentro de los análisis de la Unidad de Inteligencia y nuestra Unidad de Análisis Criminal (…) quedó en claro que había presos que tenían que estar en la cárcel pero que fueron recapturados en las calles. Esto nos mostró la necesidad de
retomar el control en las cárceles”, explicó Nery Ramos, quien para entonces era el director general de la PNC.
El 17 de junio de 2016 se hizo la primera requisa. En esa ocasión se detectó que los fugados eran José Estuardo Jumique Contreras, acusado de asociación ilícita por integrar la clica Coronados Locos, a la que se le atribuyen nueve asesinatos; Frank Lee Espinoza Andrade, acusado de femicidio; Édgar Geovany Herrera Zúñiga, acusado de homicidio y lesiones graves; y Daniel Armando Muñoz García, imputado por homicidio y asesinato en grado de tentativa. Todos de la MS.
En ese momento, el MP informó a los medios de comunicación que sospechaba de la fuga de 15 reos en El Boquerón, pero hasta ese momento Presidios solo reportó la ausencia de cuatro.
El entonces director de Presidios, Carlos de León Zea, dejó constancia de la fuga en un memorial, y un mes después de la
requisa, el 15 de julio, presentó la denuncia en el Ministerio Público. En esta incluyó a los cuatro reos de la MS, a ocho guardias y siete empleados más asignados a esa cárcel como el director, subdirector y alcaide, entre otros.
La copia de la denuncia presentada por De León, a la que tuvo acceso este matutino, tampoco consigna más detalles del escape.
“Nosotros tomamos posesión en agosto de 2017, pero le hemos dado seguimiento a las denuncias. Lo que sabemos es que en El Boquerón y en otras cárceles como F1, en las que se encuentran pandilleros, no se tenía control. A tal extremo que no se hacían los conteos, o los voceros —de los sectores— eran quienes decían ‘habemos 600 y tantos’, y cuadraban la cantidad”, explicó Érick Cárdenas, actual subdirector del Sistema Penitenciario.
La segunda requisa
Eran las 5.03 horas del miércoles 5 de octubre de 2016. Entre agentes de la PNC y de Presidios sumaban 580 personas. Todos entraron a la cárcel El Boquerón comandados por comisarios, fiscales y auxiliares de Derechos Humanos. Llegaron con los rostros cubiertos con gorros pasamontañas.
El patio del penal pronto comenzó a llenarse con los reclusos de los tres sectores en que compone el lugar. Los dividieron en grupos de cinco, para identificarlos por medio de los dispositivos MI3, que verifican las huellas digitales. Tomaron fotografías de sus rostros, para dejar un fichaje más ordenado y así actualizar la base de datos, según narra uno de los oficios de la Unidad de Análisis de Presidios que se tuvo a la vista.
Este registro confirma que varios reos habían vuelto a las calles para delinquir y que hasta entonces Presidios no había reportado o no se había percatado de estas ausencias.
En ese operativo se detectó que, además de los cuatro ausentes en junio, ocho reclusos más no se encontraban en el lugar.
Los ausentes eran Luis Alberto Franco, Josué David Pacajoj Márquez, Jairo Daniel Batén Hernández y Léster Waldemar Aguilar Oajaca; la mayoría sindicados por asesinato y extorsiones, entre otros delitos y también miembros de la MS.
Entre los fugados se encontraban, además, Carlos Antonio Roldán Vásquez, líder de la clica Little Malditos Locos y que cumplía una condena de 186 años por varios asesinatos, extorsión y otros delitos; Marlon Rolando García López, integrante de Vatos Locos y condenado a 295 años de prisión por nueve asesinatos y otros delitos; Víctor Antonio Landaverde Portillo, líder de la MS en Retalhuleu y acusado de asociación ilícita y posesión ilegal de armas de fuego; y Rudy Francisco Quiroa, alias el Destructor, sospechoso de haber coordinado la fuga y acusado de haber asesinado a seis mujeres y dirigido extorsiones en dos sectores de la zona 1 capitalina.
La denuncia fue presentada dos días después de la requisa, el 7 de octubre, y no se incluyó a ninguna autoridad porque tampoco se tenían datos exactos del día del escape. “El MP tiene la tarea de determinar cuándo sucedieron los hechos porque no se contaba con cámaras ni informes, y según los análisis de riesgo, no fue por un túnel y tampoco escalaron, lo que hay es una complicidad, lastimosamente, por parte de los guardias de ese entonces”, comentó el actual subdirector de Presidios.
Más desorden
Dos integrantes más de la MS desaparecieron de El Boquerón. A uno lo delataron sus faltas a las audiencias en tribunales y del segundo solo quedaron registros de su recaptura.
Uno de ellos es Francisco Javier García González, alias el Blacky, acusado de nueve asesinatos y hombre de confianza de Jorge Jair de León Hernández, alias el Diabólico, uno de los máximos líderes de la MS, condenado en 2010 a 168 años de prisión, y el otro, Luis Augusto Calderón, alias el Gruñón y considerado otro de los principales cabecillas de la MS.
En el Tribunal C de Mayor Riesgo del Organismo Judicial, el personal identifica de inmediato al Blacky. Lo recuerdan porque no asistía a las audiencias y se excusaba por medio de los guardias, argumentando que temía por su vida. Así que optaron por la videoconferencia, pero tampoco llegó. Entonces enviaron a un juez para comprobar si se encontarba en la cárcel y alguien se hizo pasar por él, hasta que fue recapturado el 8 de septiembre del 2016.
Respecto de Calderón, la Policía únicamente habló con los medios el día de su reaprehensión, el 20 de septiembre del 2016, e informó que se había fugado en junio de ese año, como inicialmente sospechó el MP. Por su “alta peligrosidad”, se le dio seguimiento policial que incluyó el uso de un dron.
Los investigadores del caso consideran que todos los reos de la MS se fugaron juntos, como sospechó en junio del 2016 el MP, aunque se reportó de las evasiones en diferentes momentos.
Informes de inteligencia policial basados en declaraciones testimoniales registran el pago de al menos Q150 mil, por cada reo evadido, para las autoridades de turno del reclusorio. “No todos los que se escaparon son líderes, pero por su efectividad para coordinar ataques y la necesidad de la pandilla de tenerlos en las calles los sacaron”, se indica en uno de los análisis.
La Fiscalía de Delitos contra Extorsiones confirmó que tenían conocimiento de las fugas, pero no del soborno para que se dieran.
El trabajo para esclarecer las fugas se complicó porque ninguno de los involucrados quiso dar a los investigadores los nombres de sus cómplices ni detalles del escape, por temor a ser asesinados por sus pandillas.
El Boquerón es uno de los 22 reclusorios que administra el Sistema Penitenciario y el segundo clasificado como de máxima seguridad. Fue inaugurado en el 2003 y tiene capacidad para 80 reos; sin embargo, actualmente alberga 622 y desde 2005 recibe solo a miembros de la MS.
Los 18 también
Por alguna razón, el 2016 fue un año de muchas fugas de la cárcel, y no solo de miembros de la MS, sino también de sus rivales del Barrio 18.
Ese año pasará a la historia para Presidios porque mientras unos se fugaban, otros se mataban. Mientras hacían las primeras requisas en las cárceles de pandilleros, en Pavón Byron Lima, uno de los “señores” de las cárceles, y otros 13 presos más murieron durante un motín.
“Recuerdo que en esa cárcel (F1) cuatro personas no estaban, no aparecían. A partir de eso se generó una estrategia permanente de requisas en diferentes cárceles del país”, dijo el exdirector policial.
El 17 de noviembre de ese año, el entonces ministro de Gobernación, Francisco Rivas, confirmó que del centro de detención para hombres Fraijanes 1 se fugaron Andy Santana García Vásquez y/o Andy Santana Díaz Florián, Fernando Muñoz Sinar, Josué Alberto Mendoza Sente y Hans Ludwin Flores Quintanilla, jefes de clicas del Barrio 18.
Según la Policía, se trata de reos de alta peligrosidad, acusados, en su mayoría, de haber participado en no menos de 10 asesinatos, portación ilegal de armas y posesión y consumo de drogas, entre otros delitos. En esa ocasión Presidios denunció penalmente al director de la cárcel y se ordenó el cambio de todo el personal de seguridad.
“La infraestructura de F1 no da para que se escape una persona escalando o perforando una pared; es imposible. Además, no había boquetes ni túneles. Así que asumimos que estas personas también salieron por la puerta principal”, dijo el actual subdirector de Presidios.
En febrero del 2017, el SP, por orden de Gobernación, trasladó a 164 reos, líderes del Barrio 18, a la cárcel El Infiernito, ubicada en Escuintla, con el objetivo de retomar el control. Fraijanes 1 fue inaugurada en 2007, con capacidad para 160 presos y comenzó a recibir a los jefes del Barrio 18 en 2015. Ahora se convirtió en centro de rehabilitación y reinserción para mujeres, como un nuevo modelo penitenciario.
La eterna batalla
Una de las mayores quejas de los investigadores policiales y que los condujo a descubrir estas fugas es que después de meses de trabajo para capturar y desarticular a bandas del crimen organizado, Presidios no tiene control sobre la población recluida.
“Al tener fugas y no detectarlas ni reportarlas complica el trabajo, porque el reo vuelve a las calles a delinquir y no podemos capturarlo porque al consultar con registros oficiales la persona aparece recluida”, comentaron algunos oficiales consultados que, por seguridad, pidieron no identificarse.
Fuentes del Tribunal C de Mayor Riesgo, que resuelve casos de pandillas, registra las faltas de los acusados a las audiencias. Estas, a veces, pasan inadvertidas porque están programadas con un lapso de un año o año medio. Hasta ese momento, si Presidios no ha identificado fugas, los jueces dan la alerta.
El subdirector Cárdenas dijo que pasó más de año y medio desde la primera denuncia de la requisa de junio de 2016, pero no han tenido noticias de las investigaciones del MP. Agregó que en las dos cárceles sucedía lo mismo: falta de control, no se cumplían los protocolos de seguridad, no se hacían conteos diarios y los que anotaban los datos eran los mismos presidiarios.
La Fiscalía de Delitos Administrativos investiga si hubo complicidad de las autoridades, mientras que la Unidad contra el Crimen Organizado del MP indaga las evasiones.
Según Cárdenas, para evitar las fugas se redujo la cantidad de visitas y de encomiendas. La comida, por ejemplo, se revisa por escáner en las oficinas del SP, y en los últimos seis meses se efectuaron 160 requisas.
Además, se instalaron cámaras en las puertas de los penales, los guardias son rotados con más frecuencia y se nombraron directores en las cárceles donde no había, entre otras medidas, aunque eso, dijo el funcionario, ha sido motivo de protestas de familiares y reclusos.
Los cambios frecuentes de directores en Presidios y el casi 400 por ciento de sobrepoblación en los reclusorios despiertan dudas sobre el control en el SP.
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