El viernes recién pasado, los guatemaltecos nos enteramos de la resolución emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala, por virtud de la cual declaró: que no ha lugar a formación de causa en contra del alcalde capitalino y ex Presidente constitucional de la República Álvaro Enrique Arzú Irigoyen, por no concurrir los presupuestos procesales para ello.
Los valientes Magistrados al resolver, declararon que el antejuicio promovido por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala es espurio – falso, ilegítimo, no autentico – y que fue promovido por motivos políticos. De la misma forma, resolvió el mes pasado la juez pesquisidora Judith Secaida, quien al rendir su informe circunstanciado recomendó no retirar la inmunidad al jefe edil, por no existir indicio alguno que demostrara su participación en el hecho denunciado.
La resolución de la Honorable Sala de Apelaciones, constituye un nuevo y duro revés a la ya desgastada gestión de la dupla maléfica en su intento por defenestrar al alcalde, pues de nuevo quedó demostrado que las investigaciones y pesquisas realizadas por el ente investigador y la CICIG, carecen del soporte técnico-jurídico para ser tomadas como verídicas, por haberse basado en chismes de barrio y declaraciones de colaboradores falaces, de aquellos que degusta el colombiano en cada una de las actuaciones en que ha estado relacionado.
Desde luego, la resolución judicial emitida despertó una serie de comentarios en su mayoría en apoyo al alcalde, quien al parecer se ha convertido en el objetivo principal del non grato y de quien desde el barrio Gerona le hace los mandados, quien, además, de forma errónea y para lavarse la cara por su torpe actuación, indicó que impugnará la resolución judicial ante la Corte de Constitucionalidad, autoridad que no es competente para conocer en primera instancia el supuesto agravio. Vaya conocimiento de las instituciones jurídicas el que posee la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público.
Ahora tocará a los Magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia, conocer en primera instancia el amparo que seguramente presentará el Ministerio Público y la CICIG, esperando que el mismo sea rechazado in límine, así como han osado rechazar las acciones constitucionales que se han promovido en contra de la propia Fiscal General, el Procurador de los Derechos Humanos, o los jueces Miguel Ángel Gálvez Aguilar e Ingrid Jazmín Barrios, quienes han faltado de forma flagrante a las obligaciones constitucionales de su cargo.
Al final, como abogado litigante puedo vaticinar con toda certeza, que en esta contienda judicial el cazador será cazado y deshuesado, pues la mentira dura mientras la verdad no llega, y al final la misma llegará y junto con ella el bochornoso final y salida del non grato del país.
Ante el duro fiasco judicial, no le quedó otra a la saliente Fiscal General que pretender asustar al alcalde con el petate del muerto, al indicar que próximamente se presentarán nuevas investigaciones en su contra. Sin embargo, la Fiscal General no ha tomando en consideración primero, que el jefe edil goza de la prerrogativa de antejuicio, lo cual equivale a que será otro funcionario quien seguramente con un criterio objetivo e imparcial, conocerá las actuaciones de investigación, y segundo, que los guatemaltecos estamos hartos de los circos de mala muerte que nos obligaron a presenciar en estos cuatro años y que al final no alcanzaron más de tres o cuatro condenas pírricas.
Afortunadamente, para los guatemaltecos quedan menos de tres meses para que la mucama del colombiano y sus achichincles se larguen definitivamente del Ministerio Público y empiece a correr en contra de ellos, el plazo de prescripción que regula la Constitución Política de la República para perseguirlos judicialmente por todas y cada una de las fechorías cometidas durante su opaca gestión.
NoAl#PactoDeTerroristas.
Por Raúl Falla, 12 de marzo de 2018, en Siglo 21
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