La falta de consensos en la bancada oficial, le costó al Gobierno que no se aprobara el Presupuesto estatal para el 2018, por lo que se deberán hacer ajustes y sacrificar partidas de algunos ministerios, instituciones y entidades públicas. Lo peor es que la educación, la infraestructura y el sector justicia pagarán la factura por este fracaso, según varios analistas.
De nada le sirvió al Ejecutivo haber impulsado una política de Presupuesto Abierto, pues el 30 de noviembre pasado, en un ambiente tenso y lleno de dudas, no se logró el acuerdo para alcanzar los 80 votos necesarios para que fuera aprobada la iniciativa de ley correspondiente al presupuesto estatal 2018.
También llamó la atención el hecho de que algunos diputados de la bancada del Frente de Convergencia Nacional (FCN) abandonaran el pleno durante la última reunión planificada para avalar la propuesta.
Hay un dicho popular que dice que “no hay que llorar por la leche derramada”, pero es que ante este fallido intento, en 2018 el Gobierno deberá funcionar con el mismo techo de 2017, que suma Q76 mil 989 millones, en lugar de los Q84 mil 596 millones que había dictaminado la Comisión de Finanzas.
Sobre el tema ha habido diversas opiniones, aunque la de mayor coincidencia y peso es que la falta de transparencia del gobierno de Morales fue el “talón de Aquiles” para que la oposición no apoyara su programa financiero, en medio de especulaciones de que también falló una negociación anómala con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), para terminar con “los ataques políticos”.
Del plan B y los efectos negativos
En todo caso, para algunos expertos el Congreso de la República tampoco tiene la legitimidad para aprobar o juzgar el proyecto de presupuesto, pues se ha convertido en una oportunidad para realizar “negocios fraudulentos”, o para continuar con viejos chantajes, de cara a la campaña electoral.
La pregunta ahora es qué piensa hacer el Ejecutivo, a pesar de que ya se había anunciado un Plan B, que podría ser pedir una ampliación presupuestaria en el primer trimestre de 2018, a pesar de que el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, supuestamente ya lo descartó.
Rumbo a la derrota
Al respecto, el ministro Estrada calificó de derrota la desaprobación del proyecto presupuestario para 2018, y en una conferencia de prensa dijo, evidentemente molesto, que la falta de consensos sociales y políticos afectarán a Guatemala, reiterando que el sistema político no “llega a discusiones constructivas, ya que se está manejando con signos bajos de confianza”.
Desde hace más de dos meses, el Ejecutivo empezó a socializar la propuesta presupuestaria, que al inicio se planteó por un monto de Q87 mil 922 millones, mientras que algunas organizaciones que analizan el gasto público como la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) calificaron de excesivo el monto, y tras una discusión en la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, se le redujo Q3,396 millones. Hasta esa fecha, la esperanza de que se aprobara era optimista, pero pasados los días, no alcanzó el tiempo para garantizar en el Hemiciclo los 80 votos requeridos .
Se debió haber aprobado un presupuesto con mejor calidad del gasto, que realmente respondiera a esas grandes necesidades que padecen, principalmente, más de nueve millones de guatemaltecos que viven en pobreza y pobreza extrema” -Alejandro Aguirre
¿Qué debe hacer el Gobierno?
El principal desafío del gobierno será presentar, en las primeras semanas de 2018, una propuesta de readecuación (y, quizá, de ampliación) del presupuesto, para que se acomode a las necesidades y prioridades del Ejecutivo. Ello demandará gran destreza política para acelerar su aprobación y que no se posponga innecesariamente la ejecución del gasto, como para no caer víctima de un boicot o chantaje por parte de la oposición. Si no lo logra, los riesgos de que exista mayor incertidumbre económica y política en el país aumentarán, opina Mario García Lara.
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