Los señalamientos por el mal manejo de fondos o la existencia de reparos por parte de la Contraloría General de Cuentas no serían impedimento para optar a un cargo de elección popular, porque los diputados pretenden que la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos —finiquito— sea entregada sin importar que existan esas vinculaciones.
Sin embargo, los diputados buscan que la Contraloría niegue el finiquito a personas condenadas y en sentencia en firme.
Con este cambio, los legisladores intentan mantener el sistema político actual a su favor y, además, beneficiar a cientos de funcionarios que han sido denunciados por la entidad fiscalizadora por mal manejo de fondos, tanto diputados como alcaldes.
Como se recordará, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso insiste en que se mantengan los beneficios para la clase política y descartó los cambios que demandó la ciudadanía, entre los cuales figuraban el voto preferente —lista abierta de candidatos a diputados—, los subdistritos y la paridad de género.
El finiquito no estaba contemplado en el borrador número 4 que se discutía en la Comisión, pero se integró en el proyecto de dictamen. La propuesta fue planteada en forma verbal por el diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, durante la reunión de la Comisión del 18 de octubre último.
En esa ocasión, Linares Beltranena dijo que tenía una propuesta sobre el finiquito, pero como no había quórum, el tema no fue discutido y el presidente de la Comisión, Óscar Argueta, le dijo que se lo enviara a la Sala.
La propuesta agregaría dos párrafos al inciso “f” del artículo 214 de la Ley Electoral, y quedaría de la siguiente forma: “Y solamente podrá negarse —el finiquito— cuando exista sentencia condenatoria en firme emitida por órgano jurisdiccional competente”. “El Tribunal Supremo Electoral no podrá solicitar más requisitos que los establecidos”.
El próximo lunes, los integrantes de la Comisión conocerán el proyecto de dictamen y su discusión. Tienen previsto dar dictamen favorable para el 6 de noviembre próximo.
El contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, evitó pronunciarse porque dijo desconocer las modificaciones que se proponen a la Ley Electoral.
Otros cambios
El proyecto de dictamen incluye otras reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
A pesar de que la ciudadanía pedía que se redujera el requisito de afiliados para la constitución de un partido político, a 500 o siete mil 500, la propuesta plasmada en el documento detalla que se reducirá a 20 mil.
Para los próximos procesos del 2023, el número de afiliados debe llegar a 0.23 por ciento de inscritos, y para el 2027, a 0.25 por ciento, con base en los empadronados.
Otro de los artículos que se incluyen en la propuesta es que los afiliados tengan más derechos para poder recibir capacitación y formación política, participar con voz y voto en asambleas y postularse a cargos directivos o de elección popular, o ser delegados.
También se incrementa el financiamiento a los partidos políticos por parte del Estado, de US$2 a US$3 por voto legalmente emitido a su favor.
Limitaciones
Queda prohibido que los familiares del secretario general, dentro de los grados de ley, integren algún órgano de dirección del partido. También el cargo de secretario general es incompatible con la candidatura presidencial de la agrupación política. De postularse, debe renunciar al menos seis meses antes de la convocatoria.
Además, la Comisión buscará que la integración de magistrados del Tribunal Supremo Electoral sea de un 60 por ciento de abogados y notarios, aunque el resto sean profesionales de otras carreras.
La comisión comenzará la discusión del proyecto de dictamen el próximo lunes, para tener lista una resolución el 6 de noviembre, con el objetivo de empezar a tratar el tema en el pleno del Congreso.
Excluyen demandas de la ciudadanía
Los diputados rehúyen incluir las exigencias de cambios al sistema político expresadas en protestas.
Voto preferente
Los diputados de la Comisión de Asuntos Electorales mantienen el sistema en que son electos, acción que muestra cómo protegen sus intereses e ignoran la petición de la ciudadanía, que exige un cambio en la forma de nominar candidatos.
Excluyeron de las reformas a la Ley Electoral el voto preferente —listado abierto—. La intención era abrir las listas de candidatos a diputados para que los electores pudieran votar por la persona y no por la lista que propone el partido político.
Con esta propuesta, el elector podría estar más identificado con el legislador que representa a su distrito.
Crear subdistritos
Este proyecto va de la mano con el voto preferente. La propuesta buscaba crear subdistritos en los municipios donde se eligiera a más de cinco diputados.
Con este nuevo sistema se buscaba una mejor representación y vínculo entre el candidato y el electorado.
Los diputados argumentaron que su decisión se basa en la postura adoptada por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la cual señala que los subdistritos son inconstitucionales.
No obstante, los magistrados del TSE aún mantienen en discusión la creación de circuitos electorales.
Paridad de género
La sociedad guatemalteca considera que es machista la actitud de los diputados al discutir sobre la paridad o alternancia para puestos de elección popular.
Incluso el legislador Fernado Linares Beltranena calificó de accidente biológico a las mujeres.
El proyecto contempla que en los listados de postulación de candidatos se incluya a mujeres e indígenas y que se dé una alternabilidad.
Si el primero en integrar la lista es un hombre, el cargo siguiente será para una mujer, y si una mujer encabeza un listado, le seguiría un hombre.
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