Es uno de los representantes legales de empresa Jireh, S.A., implicada por el Ministerio Público y la CICIG en casos de sobornos para el pago de deudas de arrastre en ministerio de Comunicaciones durante el gobierno patriota.
El Ministerio Público (MP) informó que Jaime Ramón Aparicio Mejía, uno de los representantes legales de la constructora Jireh, S.A. señalada en el proceso penal “Construcción y Construcción”, fue capturado anoche en Buenos Aires, Argentina.
Fuentes extraoficiales dan cuenta que Aparicio permanecía escondido escondido por uno de sus clientes, quienes solían negociar con él caballos de raza, su mayor afición.
El ente investigador indicó que la detención se logró gracias a la alerta internacional decretada con la coordinación de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Aparicio maneja una red de sociedades que licitan con el Estado y ha obtenido al menos Q1.2 millardos por año desde el año 2,000. Según la investigación de la CICIG y el MP, este conglomerado es uno de los que pagó al menos Q8 millones a una de las empresas de cartón vinculadas al ex ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.
En este gobierno, los Aparicio continúan con contratos millonarios como el que fue entregado el 19 de diciembre para la rehabilitación del tramo carretero entre Chimaltenango y Escuintla por 38.6 kilómetros por el monto de Q292.8 millones.
Jireh, S.A. ha sido inhabilitada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en dos ocasiones –2006 y 2007– por adeudo tributario.
En menos de diez años, las dos empresas han ganado 51 contratos por un monto en conjunto de Q1.7 millardos.
Otro de los conocidos por la familia Aparicio es el actual diputado electo por Lider e integrante del bloque Alianza Ciudadana, Óscar Armando Escribá Morales, ex vice ministro de Sandra Torres, quien gracias a su estadía por el Micivi paso de andar descalzo a tener helicóptero y avión. El congresista tuvo la representación legal de una de las empresas de Aparicio, además durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) fue director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y coordinador ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad (FSS).
El año pasado tres empresas, cuyos representantes legales fueron señalados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de financiamiento electoral ilícito a favor del Partido Patriota (PP), y una compañía más beneficiada con proyectos en esa administración, recibieron Q210.7 millones del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) por pago de deudas.
La hija de Jaime Aparicio, Gabriela María Aparicio Urízar, fungió en los primeros tres años del gobierno del Partido Patriota (PP) como cónsul general en Miami, Florida, Estados Unidos. Su nombramiento se debió a su cercanía con la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, pese a no tener carrera ni experiencia diplomática y sus constantes y deshinibidas fiestas. Vivian Urizar y su ex esposo, Jaime Aparicio fueron vecinos, compadres y lavadores de Roxana Baldetti, desde antes que llegara a la vice presidencia. Su relación data desde que eran vecinos en la Colonia Primero de Julio. Posteriormente, la familia de Baldetti y la de Aparicio se mudaron a un sector de Ciudad San Cristóbal, donde continuaron sus negocios oscuros.
Ella fue relevada del cargo en mayo de 2015 por orden del entonces presidente Otto Pérez, luego de las denuncias de una supuesta estafa a migrantes en Estados Unidos. Según los señalamientos, Aparicio, junto a un ex trabajador del Registro Nacional de las Personas, cobraba US$60 por certificaciones de nacimiento, que eran falsificadas, pero aún así eran aceptadas por el consulado.
El empresario tenía una orden de aprehensión desde el 11 de julio pasado a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) por el delito de cohecho activo.
El MP realiza gestiones para obtener la extradición de Aparicio. Jireh S.A. es una de las firmas del expediente “Construcción y Construcción”, por presuntos sobornos pagados por empresarios a cambio de que se les cancelaran deudas de arrastre en el ministerio de Comunicaciones.
Por Braulo Palacio, 21 de Septiembre, por El Periódico
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