Uno de los legisladores envió cartas para contratar a 55 de sus allegados como directores de áreas y facilitadores de programas sociales.
A pesar de que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalaron en 2015 a los exdiputados de Libertad Democrática Renovada (Lider) Luis Chávez, Mirza Arreaga y Mario Yanes, de solicitar plazas en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), por lo que fueron procesados por tráfico de influencias; los parlamentarios del partido oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) han incurrido en la misma práctica al solicitar la contratación de sus allegados en dicha cartera.
elPeriódico tuvo acceso a las cartas que fueron enviadas por los congresistas de FCN-Nación, Patricia Sandoval, Rodolfo Castañón y Javier Hernández Franco; además del legislador de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Gabriel Heredia, al entonces ministro de Desarrollo, José Moreno, a pocos días de haber asumido el cargo en 2016, en las cuales proponían a diferentes personas para puestos específicos como directores de áreas, coordinadores y delegados regionales. Los documentos de los diputados tienen los sellos y membretes del Congreso y también cuenta con los sellos de “recibido” del Mides.
La parlamentaria Sandoval envió dos cartas al exministro Moreno para la contratación de Suseli Yomara Ruano Barahona, la primera fue remitida el 3 de febrero del año pasado —cuando aún integraba la bancada Todos— en la que pidió que su conocida fuera empleada como delegada del Ministerio de Jutiapa (distrito de Sandoval), mientras que el 9 de marzo la diputada pidió que Ruano Barahona fuera contratada en la Dirección de Coordinación y Organización de la Región 5 del Mides. En los registros de la cartera no figura la recomendada de la diputada actual de FCN-Nación.
La semana pasada Sandoval restó importancia a las solicitudes que ella hizo a Moreno y dijo que los diputados tienen la libertad de “sugerir” la contratación de personal. En julio pasado, el exdiputado Yanes fue condenado a tres años de prisión por tráfico de influencias.
Pero las solicitudes que sí tuvieron eco en el Mides fueron las del jefe de la bancada oficialista, Javier Hernández Franco, quien solicitó la contratación de William Estuardo Cochoy Ralda, Jorge Albino Gómez Arroyo y Pablo Moisés Tzunún García, quienes figuran en las nóminas del renglón presupuestario 021. Los primeros dos ocupan los puestos de encargados de programas sociales y el tercero fue contratado como facilitador social.
Tráfico de influencias o abuso de autoridad
Para Marvin Flores, consultor de Acción Ciudadana (AC) —capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional—, las acciones de los diputados podrían encuadrar en los delitos de tráfico de influencias o abuso de autoridad, debido a que muchos de los dignatarios utilizan métodos “casi de extorsión” para influir en las decisiones de los funcionarios del Ejecutivo.
Flores agregó que una de las características en el comportamiento de los funcionarios es que estas acciones son vistas como “normales”, así como eran calificadas las coimas que pagaban los contratistas de obra pública para que se les adjudicaran contratos millonarios en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), lo cual causó sorpresa cuando fue señalado, precisó.
Hernández Franco pidió un informe al exministro Moreno sobre las solicitudes de plazas hechas por los diputados del Congreso a la cartera. En la respuesta al diputado se indica que el legislador Castañón solicitó 55 plazas en el Mides, pero de los requerimientos que realizó únicamente fue contratado Estuardo Noé Joachín Ramos, en el renglón 021 como facilitador social.
La ley vigente
El Artículo 35 de la Ley Contra la Corrupción (Decreto 31-2012) estipula que, quien influya en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de su condición, haya o no detrimento del patrimonio estatal, incurre en tráfico de influencias.
Diputado cita una ley que no existe
En tono despreocupado el diputado Rodolfo Castañón justificó que hizo las solicitudes porque las personas estaban “acostumbradas” a pedir que fueran contratadas en el Estado. El congresista aseguró que cuando él envió las cartas al Mides la “Ley de Tráfico de Influencias” no estaba vigente; sin embargo, la norma que tipifica ese delito es la Ley Contra la Corrupción, aprobada en 2012 cuando él fue diputado de la UNE, después se cambió a Lider y actualmente está en FCN.
Las únicas solicitudes que fueron atendidas por el exministro José Moreno, fueron las hechas por el jefe del bloque de FCN.
En el Mides era común que los alcaldes, diputados e integrantes de la sociedad civil pidieran la contratación de sus allegados.
El jefe de la bancada oficialista, Javier Hernández Franco, pidió al exministro de Desarrollo una lista de quienes pidieron plazas.
Publicado por Ferdy Montepeque , el 08 de Agosto, por El Periódico
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