Publicado por Redacción, el 10 de Julio 2017, por El Periódico
Con las boletas del Banco Industrial, número 10567168 y 10567046, los pobladores de ese lugar le cancelaron los Q20 mil que el jurista cobró como sus honorarios.
El abogado Pedro Rafael Maldonado Flores, integrante del Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), negoció con un grupo de vecinos del caserío La Cuchilla, municipio de San Rafael las Flores, Santa Rosa, para que, a cambio de que le dieran una comisión de dinero por cada familia, él lograría que la Mina San Rafael les pagara mejores precios por la compra de sus terrenos.
Maldonado fue quien interpuso un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el cual suspendió provisionalmente las operaciones de la Minera San Rafael la semana pasada.
El jurista le cobró a ese grupo de personas de escasos recursos Q20 mil por representarlos en una reunión y por presentarles dos estrategias jurídicas. No obstante, según se evidencia en un audio entregado a elPeriódico, les cobró un porcentaje extra por cada uno de los acuerdos que lograra en los precios que la mina debía de pagarles por metro cuadrado de construcción. Según el audio, la Mina San Rafael ofrecía Q45 por metro cuadrado y Maldonado estaba convencido que con las estrategias legales que propondría a los vecinos de La Cuchilla, podrían conseguirse US$100 el metro cuadrado, con la correspondiente comisión para él por su asesoría estratégica en el campo legal.
En el audio se escucha cuando él les aclara que los representará como abogado particular y no como representante de CALAS, entidad para la cual trabaja.
“Yo he platicado con la Lic. Pivaral (sic), ella me pidió mis servicios profesionales… entonces yo ya hablé con ella que por asistir a la reunión el día jueves, para hacer una estrategia de defensa en esa reunión, defensa legal de los derechos de ustedes, yo les cobro Q20 mil… incluye también la estrategia de dos acciones legales, o sea pensar las dos acciones legales. Ahora, si inician sí tendríamos que hablar”, se escucha que Maldonado le dice a una mujer, según el tono de la voz del otro lado de la línea telefónica.
También se escucha: “me decía la licenciada que ahorita hay un resarcimiento creo que son Q100 por metro cuadrado o algo así”. A lo que su interlocutora le responde: “lo que pedimos son US$100 por metro cuadrado, pero ellos están ofreciendo apenas Q45”.
Maldonado agrega que “la idea es subirlo lo más cercano a los US$100 por metro cuadrado a cada uno de los damnificados verdad, entonces allí hablaríamos mañana que yo cobraría un porcentaje por cada uno de los acuerdos que lleguen subiéndolo lo más cercano a los US$100 que ustedes quieren”.
El amparo interpuesto por CALAS contra la Minera San Rafael fue firmado por el abogado Rafael Maldonado.
Niega cobro
Consultado al respecto, Maldonado declaró que, efectivamente esa comunidad lo contrató para representarlos debido a un problema que tenía con sus viviendas, sin embargo aseguró que no hizo tales cobros.
“Fue en diciembre de 2016. Es totalmente falso que yo haya cobrado eso, porque para lo que asesoré a un grupo de vecinos de La Cuchilla fue para representarlos en dos reuniones con la municipalidad por el problema de las casas que se derrumbaron”, reconoció el jurista.
El aludido agregó que su relación terminó luego de la segunda reunión “donde se logra que la municipalidad solicite al ministerio de Energía y Minas el cese de operaciones de la mina por el daño a las viviendas”.
elPeriódico tuvo acceso a documentos en los que se detalla que los pobladores cancelaron por medio de las boletas del Banco Industrial, número 10567168 y 10567046, Q20 mil que Maldonado cobró por sus honorarios, al ser cuestionado sobre ello respondió que como abogado debe cobrar por sus servicios y que lo hizo de forma particular, no como representante de CALAS.
Antecedentes
El caserío en mención está conformado por 854 viviendas (47 en La Cuchilla) y fue declarado inhabitable y no apto para la construcción en abril de 2016, por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), debido a que la pendiente topográfica de la comunidad muestra ángulos de entre 19 y 51 grados, lo cual generaba mayor riesgo de deslizamiento de tierra.
Además, la Conred determinó que existe una falta de gestión adecuada del agua de lluvia y la creación de aguas residuales, que ocasionan un mayor nivel de erosión en las áreas que rodean las casas de la comunidad.
También se determinó que el sustrato del suelo se compone principalmente de cenizas volcánicas, lo que aumenta la inestabilidad del terreno.
Días más tarde se inician las reuniones con la Municipalidad de San Rafael las Flores para planificar el traslado de las familias a otro lugar. En esas reuniones participaron los delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos y representantes de la Minera San Rafael.
En agosto de ese año, un grupo de vecinos planteó la decisión de vender sus terrenos a la minera. La empresa les propuso como segunda opción un precio de Q45 por metro cuadrado más un bono de emergencia de Q150 mil, y un bono adicional de Q30 mil.
En esa etapa, 61 por ciento de la comunidad vendió su terreno, y el resto de vecinos se opusieron. A la fecha 83 de las 92 familias han venido sus propiedades y habitan en otra aldea.
Suspensión provisional
La semana pasada se conoció que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo de forma provisional a CALAS, con la cual suspendió dos licencias de operación de la Minera San Rafael. Las licencias El Escobal, aprobada en 2013 y Juan Bosco, en 2012, quedaron suspendidas y por lo tanto la mina debió detener sus operaciones. Ahora se espera la resolución en definitiva de parte de la Corte para saber cuál será el futuro de esa industria extractora.
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