¿Acaso estamos ante los guerrilleros del Siglo XXI?

Publicado Por Luis Gonzalez, el 5 de Junio 2017, Por República

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Su lucha ya no es con las armas, ahora estos grupos se organizan para promover el enfrentamiento entre las comunidades y las instituciones del Estado al llamar a no acatar la ley. Ya no botan puentes, pero intentan botar cualquier proyecto que genere inversión y empleo en áreas pobres y abandonadas por el Estado.

Ya no los financia Cuba o cualquier otro territorio socialista, pero siguen recibiendo dinero de naciones como Noruega o de entidades de izquierda que con su apoyo, promueven la ingobernabilidad y conflictos en Guatemala.

Dos ejemplos bastan para sustentar cómo estos grupos amenazan al Estado y advierten hechos violentos porque la Corte de Constitucionalidad (CC) no emitió un fallo a su favor, es decir, esperaban una resolución que cancelara las inversiones millonarias y mantuviera a miles de guatemaltecos en la pobreza, mientras ellos siguen recibiendo miles de euros o dólares para vivir del conflicto.

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Debilitan a las instituciones y amenazan

“Llamamos a la comunidad internacional a observar atentamente el comportamiento irresponsable del sistema de justicia guatemalteco que al negar justicia mantiene latente un conflicto que puede desembocar en indeseables situaciones de violencia y represión”, conferencia de prensa del Consejo Maya Q´eqchí de Santa María Cahabón y del Colectivo Madre Selva.

Esta declaración tiene dos aspectos: el primero es que califica de “irresponsable” al sistema de justicia, tratando con ello de debilitar y promover una aversión contra las instituciones públicas, y el segundo es la amenaza directa: “puede desembocar en indeseables situaciones de violencia”.

Estos dos señalamientos son serios porque atentan contra la institucionalidad y gobernabilidad del país, y deberían ser suficientes para que las autoridades correspondientes investiguen a estos dos grupos, sobre todo al Colectivo Madre Selva, una Organización No Gubernamental que reciben fondos del exterior y se dedica a promover la ingobernabilidad.

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Del CUC de Daniel Pascual

“Este tipo de resolución se convierte en fuente de mayores conflictos porque ninguna persona, ni comunidad de los pueblos originarios se mantendrán en silencio ante una decisión que violenta sus derechos de una forma tan evidente”, conferencia de prensa de las Centrales Sindicales y organizaciones indígenas y campesinas.

“Impulsaremos todas las acciones legales que correspondan dentro y fuera del país, al tiempo que desarrollaremos las acciones de reclamo que consideremos convenientes para divulgar estos hechos…”

De nuevo aparece el ataque contra las instituciones, además de la amenaza y advertencia de acciones ilegales porque la máxima autoridad legal del país no falló a su antojo. Dicen que habrá “mayores conflictos” y que la Corte de Constitucionalidad será la responsable por el fallo emitido.

Además, aseguran que “ninguna persona, ni comunidad de los pueblos indígenas se mantendrán en silencio”, lo cual evidencia su disposición a no acatar la ley y queda por saber cuáles serán sus “acciones de reclamo”.

Daniel Pascual, máximo dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), calificó la decisión de la Corte de Constitucionalidad como “violación tremenda”, y pide a la CC corregir su resolución.

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Quieren seguir en el caos

“Los pueblos indígenas tenemos nuestros propios mecanismos para establecer cuál es el modelo de desarrollo que deseamos y cómo tomaremos decisiones sobre el mismo, por ello no es posible reducir el ejercicio a la imposición de un modelo de consulta, sino que lo que exigimos es el pleno respeto al ejercicio de la libre determinación y la defensa de nuestros derechos colectivos”, comunicado de prensa de las Centrales Sindicales y organizaciones indígenas y campesinas.

95 Comunidades de Cahabón realizarán consulta desde organización propia no acatarán mandato y de @MEMguatemala ante fallo de @CC_Guatemala pic.twitter.com/g5HRe7Fr8Y

https://twitter.com/BancadaWinaq/status/869940632235716608

Para estos grupos, encabezados por Daniel Pascual y Amílcar Pop, de Winaq, la resolución de la Corte de Constitucionalidad no será acatada porque es “ilegal” y “atenta contra la dignidad y recursos del pueblo Q´eqchí”.

La resolución de la CC en el caso Oxec buscar resolver una laguna legal porque el Estado, tras 20 años de vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no ha emitido el reglamento de consulta a los pueblos indígenas, causando serios problemas para la certeza jurídica de las inversiones.

El fallo, entre otros aspectos, resuelve:

• Que se haga la consulta a las comunidades indígenas (no es preguntar si está de acuerdo o no con determinada obra, es un “diálogo de buena fe” para analizar las implicaciones del proyecto)
• El Ministerio de Energía y Minas coordinará la consulta a las comunidades indígenas
• Un año es el plazo para realizar la consulta a las comunidades indígenas, aunque el tiempo puede extenderse
• En caso la consulta no se realice por responsabilidad de la empresa, el proyecto se suspenderá sin responsabilidad del Estado
• En caso la consulta no se realice por responsabilidad de las comunidades indígenas, el proyecto continuará sin que se afecte a la empresa

Con estas consideraciones, la Corte busca acabar con la incertidumbre y promueve el diálogo entre autoridades, comunidades indígenas y empresas, lejos de lo que pretenden estos grupos de izquierda que viven del conflicto y la ingobernabilidad, y que además, se oponen al orden porque no les interesa, ya que sin reglamento del Convenio 169, seguirán viviendo del caos, del abandono, ignorancia y pobreza de miles de guatemaltecos.