Publicado Por Ferdy Montepeque, el 2 de Junio 2017, Por elPeriódico
El jefe edil no fue denunciado penalmente, pero la auditoría evidenció que varias de las decisiones de la comuna son tomadas directamente por el jefe edil Álvaro Arzú, y no cuentan con el aval del Concejo municipal.
Entre los hallazgos reportados por la Contraloría General de Cuentas (CGC) en la auditoría de 2016 a la Municipalidad de Guatemala figuran la opacidad en el manejo de Q57.4 millones por la prestación del servicio Transmetro, falta de validez legal de actas del Concejo municipal y autorizar a empresas privadas la construcción de cuatro obras de infraestructura sin el respaldo de la autoridad superior de la comuna, a cambio de no pagar la tarifa de impacto vial.
El año pasado el jefe edil no corrigió un acuerdo aprobado en marzo de 2009, que lo faculta a él para dirigir directamente la Unidad de Auditoría Interna, cuando esta debería depender del Concejo.
Según los auditores, dicha acción pone en riesgo que los concejales no fiscalicen adecuadamente a Arzú.
Otro hallazgo similar contra Arzú se debió al nombramiento de 14 alcaldes auxiliares, quienes a la vez son empleados de la Municipalidad, pero ninguno posee documentos que respalden su designación.
Además, entre enero y octubre de 2016 el Concejo suscribió actas en hojas simples que carecen de validez legal porque no fueron autorizadas por la Contraloría.
La evaluación de la CGC refiere que los Q57.4 millones obtenidos de la prestación del servicio Transmetro se registraron de manera poco transparente. Según el reporte de la Contraloría, el dinero ingresó a dos cuentas bancarias de la Municipalidad mediante recibos emitidos a nombre de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) y de Holding Transport Company Guatemala, S.A.
Dichas acciones generaron opacidad porque se registraron depósitos atrasados por concepto de tasa por transporte público colectivo, y además porque los ingresos se registraron como fondos propios que luego fueron trasladados al Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU).
Pasos a desnivel
Arzú tampoco consultó a su Concejo la autorización que dio a empresas privadas para construir y pagar los pasos a desnivel en la Guardia de Honor, zona 5; Santa Madre Teresa de Calcuta, zona 16 y El Obelisco, zona 10; además de una ampliación vial entre el Anillo Periférico y la Calzada Roosevelt. Las obras fueron construidas para no pagar un “mitigamiento” de impacto vial a la alcaldía, refiere la evaluación.
La Contraloría señaló que el Alcalde no solicitó un procedimiento legal para garantizar que los proyectos construidos por terceras personas, cuyos nombres no figuran en el informe, queden registrados en el inventario de la Municipalidad, tampoco presentó pruebas que justifiquen gastos por Q1.2 millones por infraestructura eléctrica en proyectos que aún se encuentran en fase de recepción y liquidación.
Sin respetar Ley de Contrataciones
De acuerdo con el documento, la mayor sanción contra el Alcalde capitalino y su corporación se debió a que durante 2016 autorizaron de manera extemporánea 11 contratos que suman Q19.5 millones para el suministro de servicios como combustible, concreto hidráulico y bienes como mochilas, raciones de alimentos y ropa deportiva.
Por estos hallazgos enumerados la Contraloría impuso sanciones al alcalde Arzú por Q421 mil.
Exceso en horas extras
Entre enero y noviembre de 2016 el Asistente de Gerencia, el Jefe del Departamento de Mantenimiento y el Conserje de la Alcaldía cobraron, de manera indebida, Q99 mil 643 por concepto de horas extras. Los empleados reportaron más de las 80 horas extras mensuales establecidas en el Código de Trabajo, lo cual generó menoscabo a los fondos municipales. Se comprobó que varios trabajadores laboraron hasta cinco horas diarias en periodo extraordinario y algunas veces hasta ocho horas los fines de semana, pero no se observó algún informe que describiera sus actividades.
Piden contrarrevisión
Los jefes de bloque solicitaron ayer a la Contraloría General de Cuentas (CGC) que se realice una contrarrevisión a la auditoría realizada a dicho organismo. Los representantes de las 15 bancadas rechazaron los 23 hallazgos, dentro de ellos el reparo a la Junta Directiva 2016 por Q72.8 millones por aparentes “plazas fantasma”. En tanto la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) anunció que presentará denuncia penal en contra de los delegados de la CGC que auditaron el Congreso.
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