Publicado Por Editorial , el 29 de Mayo 2017, Por Prensa Libre
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La corrupción no tiene límites y en su avasallador avance deja un enorme daño colateral al que pocos prestan atención. Esto ocurre con muchas de las concesiones que el Estado hace a gente cercana a las altas esferas de poder, donde se toman decisiones trascendentales sin reparar en el perjuicio para el país debido a algunas de esas medidas.
La Contraloría General de Cuentas presentó una querella en el Ministerio Público en contra de las autoridades de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) por considerar que violentaron la Ley de Compras y Contrataciones en un contrato con la empresa Comercializadora Pahame.
El Ministerio Público ya ha iniciado las pesquisas en un caso en realidad poco sorpresivo, por haber sido la tónica durante los últimos años, porque figuras ubicadas en posiciones de poder y las más altas autoridades del país se han hecho de la vista gorda o han facilitado el tráfico de influencias y la obtención de privilegios a fin de que recursos oscuros continúen dictando las reglas.
Una de las más lamentables actitudes de indiferencia se ha dado con este gobierno, en el cual hasta resulta difícil determinar dónde se toman las decisiones. Han sido muchos los asesores de los mandatarios, al punto de que es rumor generalizado que una “juntita de Gobierno” se encarga de dictar la pauta a seguir en temas relevantes.
Aunque no fuera así, la actual administración ha pecado de cauta y su silencio ante asuntos cruciales también la condena, principalmente en lo relativo al combate de la corrupción, tema que ninguno de los presidentes de los tres poderes del Estado ha condenado ni ofrecido el respaldo necesario a quienes llevan sobre sus hombros la desarticulación de mafias incrustadas en el Estado.
Por eso, en esta nueva denuncia el MP debe llegar a fondo para investigar a quienes resulten involucrados, porque se sospecha que se está actuando con mayor sofisticación para enmarañar los procesos y disfrazarlos de legalidad. Esto debe ser desenmascarado para obligar al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto, pues como lo ha dicho el presidente Jimmy Morales, cada quien debe hacer lo correcto en cada dependencia, porque no se apañará a nadie.
La corrupción es un mal demasiado enraizado en la sociedad guatemalteca y por eso se insiste en que este gobierno fue elegido para continuar un reclamo surgido en las protestas de 2015, en las postrimerías de uno de los gobiernos más corruptos. Como producto de esa defenestración llegaron las actuales autoridades, con el claro mandato de revertir una tendencia de la cual los guatemaltecos están hartos.
Han transcurrido más de 16 meses del cambio de gobierno y lejos de observar una actitud frontal contra ese flagelo, las autoridades no solo se han atrincherado en los cargos, sino que ahora hasta familiares muy cercanos al presidente se han visto involucrados en los mismos vicios del pasado. A ellos se suman funcionarios que actúan como si aquí no hubiera caído un gobierno por ser uno de los más inmorales de la historia, lo que arrastra al actual régimen al mismo pozo donde han caído los anteriores a causa de sus ilegalidades.
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