Publicado Por Editorial, el 3 de Mayo 2017, Por Prensa Libre
http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/reforma-a-justicia-y-sus-opositores
Las reformas al sector justicia han sido criticadas por personas serenas e interesadas en que no se conviertan en un fiasco, pero también atacadas con argumentos muchas veces débiles o también como realizar de hecho cacerías de espectros del pasado y caer incluso en disgresiones paranoides de gente relacionada directamente con un pasado oscuro, tanto por redes sociales como en columnas de opinión difamatorias y calumniosas.
Una de las motivaciones para ir en contra de la renovación es mantener el manoseo politiquero y de poderes fácticos para evitar el funcionamiento con independencia del Organismo Judicial, el cual sigue siendo visto por esos sectores como uno de sus feudos.
Entre los opositores serios, se esgrime una posibilidad de que el Consejo Nacional de Justicia propuesto, sea un poder dentro del poder, y los otros denuncian que dicha instancia estaría influida por grupos de izquierda interesados en revivir los temores del largo y superado conflicto armado en una época en la cual tales extremismos solo tienen significado para quienes directa o indirectamente lucran a partir de la rivalidad entre hermanos.
En tal sentido, se deben buscar otros argumentos para encontrar explicaciones a ese rechazo y en algunos casos resulta penoso citar hipótesis de potenciales financistas para ese movimiento opositor. De un lado se cita a exfuncionarios que estarían presionando por no perder privilegios en instalaciones portuarias, y en otras entidades del Estado se buscaría obtener recursos para financiar acciones de estructuras mafiosas.
También hay un grupo de diputados oficialistas que se esfuerzan por torcerle el brazo al presidente para que otorgue concesiones o contratos a empresarios que han financiado campañas y que podrían dotar de más recursos a los detractores de la transformación.
En efecto es una penosa realidad ante la tradicional influencia de grupos de poder para no perder privilegios o por hacer nuevos negocios a la sombra del Estado, de donde las jugosas ganancias podrían brindar la posibilidad de captar recursos para financiar la campaña en contra del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, destacados en la lucha contra la corrupción.
Otro valladar por superar es la separación de aspectos administrativos de los jurisdiccionales, para evitar que magistrados y jueces puedan ser presionados si se les cortara el flujo de recursos presupuestarios, como ha ocurrido en el pasado reciente, cuando desde el Ejecutivo o el Legislativo se castigó a quienes mostraban independencia de criterio en sus actos.
En un proceso tan trascendental, lo recomendable es abrir aún más la discusión, con argumentos lógicos, fundamentados y abiertamente defendidos, en lugar de medias verdades, ataques a las personas y alegatos que solo ponen en evidencia la pobre formación de quienes los formulan o los repiten como arengas.
La poca confianza en el Congreso y la corrupción en el sistema de justicia justifican la exigencia de conocer a fondo lo que van a aprobar los parlamentarios porque la población también merece estar informada.
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