Publicado por Prensa Libre el 21 de marzo 2017
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El trato que recibieron durante su estadía y la muerte cruel de las niñas y adolescentes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción evidencia el carácter aún represivo del Estado guatemalteco. El candado que evitó su salida en medio del voraz incendio es el ícono que representa al gobierno de Jimmy Morales: torpe en sus limitadas acciones, sin agenda de desarrollo y lleno de componentes corrompidos por sus intereses particulares y gremiales.
Para la historia de Guatemala este “Hogar Seguro” será recordado como la expresión moderna de un centro de tortura en el que se han violado los derechos del niño, el derecho a la vida, a la integridad y libertad personal y a la dignidad, entre otros; y los nombres de las niñas y adolescentes fallecidas se suman ahora a la larga lista de muertes arbitrarias de menores de edad como Marco Antonio Molina Theissen y aquellos niños de la calle —Julio Caal, Jovito Juárez y Anstraum Villagrán— asesinados por agentes públicos.
Ahora bien, la falta de un sistema efectivo de protección social hace que hoy otras niñas estén llenando los espacios que dejaron vacíos las víctimas. ¡Esta es la mayor tragedia! En la actualidad, cerca de 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes viven en condiciones de pobreza y otros 1.6 millones están muy cerca de sufrirla. Es decir, casi el 80% de la población total menor de 18 años. Cada uno de ellos podría contar sus historias de vida marcadas por el trabajo infantil, carencia de educación, hambre, desintegración familiar y violencia.
No se debe olvidar que la realidad en la que vive la mayoría de los niños y adolescentes guatemaltecos es consecuencia de tres fenómenos. Primero, la insuficiencia de ingresos para el bienestar material y anímico de los hogares como resultado de bajos salarios y empleos poco productivos. Segundo, la desigualdad en el reparto de las pocas oportunidades económicas que se generan. La discriminación continúa limitando más las posibilidades económicas de las mujeres y de las poblaciones indígena y rural.
Finalmente, una baja e insuficiente inversión pública. El Estado apenas ha asignado para este año Q7.48 diarios por niña, niño y adolescente para producir todos los servicios públicos destinados a este grupo. En comparación, Costa Rica invierte siete veces más. Si a estos magros recursos les agregamos problemas de gestión: mala planificación, corrupción y contratación de personas sin experiencia y sin escrúpulos para dirigir la cosa pública, el problema se acrecienta.
Todo seguirá igual mientras el Gobierno siga improvisando y el Cacif se preocupe más por quién financia las manifestaciones de Codeca que por ejercer un liderazgo económico transformador y modernizante. Mientras los diputados sigan de espaldas a la sociedad, solo pensando en sus financistas, y los líderes sindicales batallen solo por sus corporativos derechos.
Es por esto que a los ciudadanos nos toca exigir que parte de la reparación frente a la muerte arbitraria de estas niñas y adolescentes sea el rediseño del sistema de protección para que garantice efectivamente un piso mínimo de bienestar. El Gobierno también debe lograr que el presupuesto público actual y los venideros contengan metas de calidad y cobertura más ambiciosas en la producción de bienes y servicios dirigidos a la niñez y adolescencia. Finalmente, debemos exigir a los diputados rechazar cualquier iniciativa que promueva amnistías y privilegios fiscales que disminuyen los recursos del Estado y debilitan más a la administración pública. Habrá que volver a la plaza.
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