El país de los bloqueos

Publicado por República.gt el 21 de febrero 2017

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En Guatemala, como en cualquier parte del mundo, se necesita de inversión productiva para generar la riqueza que nos permita vivir mejor. Se necesitan de empresarios dispuestos a correr riesgos propios de la actividad emprendedora. Empresarios que estén claros que satisfacer a sus clientes es la única manera de lograr los beneficios que buscan. Es decir, que para poder ganar deben también hacer ganar a sus clientes.

En Guatemala, como en cualquier parte del mundo, si se quiere atraer a inversionistas tanto locales como extranjeros se les deben ofrecer garantías básicas pero esenciales a la hora de hacer negocios, las cuales se resumen en respeto a sus derechos individuales y certeza jurídica.



La certeza jurídica es el resultado del respeto a los derechos, el cual se consigue con reglas claras, objetivas y estables en el paso del tiempo. Reglas que se apliquen a todos por igual sin privilegios. Reglas estables que permitan a cualquier inversionista  hacer proyecciones a largo plazo. Reglas que le garanticen poder disfrutar o asumir los resultados de dicho emprendimiento.

La certeza jurídica es muy importante ya  que el cambio arbitrario de las reglas puede hacer quebrar a las empresas. Imagine hacer planes en un lugar donde los cambios fiscales son inciertos enredados y discrecionales, donde cambian los requisitos para obtener o renovar los permisos de operación, donde se desconoce cuál es la forma correcta de cumplir con regulaciones confusas.

La ausencia del respeto a los derechos  y de falta de certeza jurídica son los principales bloqueos a la inversión. Los cuales, desgraciadamente, son la oportunidad para muchos funcionarios corruptos para extorsionar o coludirse con quienes deben tratar con ellos para poder operar. Los bloqueos a la inversión son propios de sistemas donde el gobierno controla casi todo y su poder es amplio y discrecional.

Los bloqueos de ayer que buscan el cierre de hidroeléctricas son un ejemplo del bloqueo a la inversión, donde las reglas no son claras, donde el gobierno concede una licencia que no es tal ya que parece estar sujeta a la decisión de seudolíderes comunitarios, donde se firman convenios sin mecanismos apropiados para implementarlos y en algunas ocasiones violatorios de los derechos básicos como la propiedad.

Los bloqueos anunciados para hoy por parte de algunos alcaldes indígenas en el altiplano no sólo bloquean los caminos sino también la inversión. Con el pretexto de solicitar la aprobación de las reformas a la Constitución en el área de Justicia, también piden que se baje la tarifa de energía eléctrica, se incremente el subsidio y se intervenga Energuate.

Estas peticiones no resisten el más sencillo análisis económico y moral. Al reducir artificialmente el precio de la energía ¿qué inversionista serio querrá invertir en un lugar donde le establecen precios topes o mínimos? Si se interviene una empresa por petición popular ¿quién querría invertir su dinero para después le quiten lo suyo a petición de una minoría?

Y por último al aumentar el subsidio a la energía eléctrica ¿Cuánto tiempo pasaría antes de aumentar impuestos para financiar ese subsidio? Si, suponiendo, estas medidas fueran las mejores para desarrollar al país ¿Cuán larga es la fila de inversionista en Venezuela donde ya se han implementado?

Tristemente como me comentó un amigo, parecemos “el país de los bloqueos” donde bloquear las calles o carreteras es lo cotidiano, donde se anuncian con anticipación para que los ciudadanos se preparen o resignen. Pero además pretenden hacernos tragar el lenguaje atolitario de que son pacíficas, aun cuando violen el derecho a la libre locomoción.

Sin embargo, el peor bloqueo no es a las vías de comunicación sino el bloqueo a la generación de riqueza. Esa riqueza que tanto hace falta crear para mejorar el nivel de vida de quienes menos tienen.