Publicado por Canal Antigua el 17 de febrero 2017
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Nuestro país atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia, en donde las estructuras del Estado crujen por el temor, las presiones y la incertidumbre acapara que la atención de todos.
Las reformas constitucionales impulsadas por la CICIG, el MP, la Procuraduría de los Derechos Humanos y apoyadas por sectores internacionales, lograron que fueran los Presidentes de la República y del Organismo Judicial quienes propusieran al Congreso de la República dichas reformas, sin tomar en cuenta lo polémico de su contenido. La reforma al sector justicia y la jurisdicción indígena han sido los temas que dividen a la población en este caso.
En un momento crucial con diputados que se sienten amenazados por tener problemas de carácter jurídico y otro tanto con magistrados por el mismo motivo, pareciera que no están usando su libertad y acceden a las presiones pensando protegerse en el futuro, sin darse cuenta que de todas formas caerán. Los diarios, la televisión y la radio, se ven inundados en sus páginas y programación de diversas opiniones sobre el contenido de dichas reformas, lo mismo sucede en las redes sociales. Sin embargo, las justificaciones expuestas por quienes apoyan las reformas no son lo suficientemente fuertes para convencer, pero quienes las apoyan hacen señalamientos a los que están en contra de amparar la corrupción, cual no es cierto, pero sirven de motivo para aumentar la polarización de los guatemaltecos.
Conforme pasa el tiempo, cada vez más se dificulta predecir que va a pasar en el futuro cercano y los mismos diputados no encuentran el camino. De ser aprobadas por el congreso, quedan abiertas las puertas para alegatos de inconstitucionalidad que, a opinión de algunos juristas pueden usarse esos recursos, antes de caer en un plebiscito. Al final será el pueblo quien decida. Mientras sigue la marcha de esos acontecimientos, Guatemala se debate en una nueva ola de violencia causada por el crimen organizado que, además de emprenderla en contra de los conductores de autobuses ahora lo hacen en contra de los taxistas y se mantiene la presión de las extorciones ejercidas por las pandillas que usan a menores de edad para cometer los ilícitos y no es que se trate de desestabilizar al régimen como fue referido, sino que las autoridades no son capaces de detener la violencia, pese a los esfuerzos que hacen.
El panorama es sombrío. Con todo lo que pasa, la economía se estanca y sin inversiones nuevas por no haber reglas claras ni certeza jurídica, pronto veremos las consecuencias.
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