Publicado por el periódico el 20 de febrero 2017
http://elperiodico.com.gt/opinion/2017/02/20/participacion-ciudadana-en-la-elaboracion-de-las-leyes/
El trabajo legislativo se mide por la cantidad de decretos.
Para variar, en el Congreso se están tramitando un sin número de proyectos de ley con miras a regular nuevas materias, a cambiar la regulación de otras y a sobre regular otras tantas; y, como siempre, la población está ajena a los proyectos de ley que se discuten y aprueban en su nombre, salvo extractos inexactos de algunos de ellos que los medios de comunicación trasladan a la opinión pública.
En términos generales, la ley es la regla, norma o precepto dictado por la autoridad competente en que se ordena o prohíbe algo en consonancia con el deber ser y la justicia. Por supuesto, para que una ley cumpla con este cometido básico debe ser de observancia general, abstracta e impersonal, razonable, no retroactiva y, sobre todo, debe responder a la realidad que pretende normar.
En Guatemala, el proceso de formación de la ley, aunque tiene incidencia directa en la vida de todos, siempre se ha impulsado y consumado sin que la ciudadanía se entere realmente del porqué y del para qué se emiten las leyes, ni menos del costo y beneficio económico y social que la emisión de las mismas supondrá. Asimismo, nadie sabe si los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso son producto de la sabiduría, la experiencia, los intereses creados, la corrupción, la ocurrencia, las ansias o la estupidez de solemnidad.
Por otro lado, estoy convencido que muchos proyectos de ley se cocinan sin que importe si contradicen o no la Constitución u otras leyes, si sobre regulan o no una materia, ni si responden o no a un enfoque sistémico. Asimismo, tengo la impresión que se tiene la falsa creencia que con la fórmula que reza “quedan derogadas todas las leyes que contradigan o se opongan a este decreto” y bajo el supuesto de que “las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las generales”, se subsanan las contradicciones imprevistas y se asegura una interpretación inequívoca. ¡Qué eufemismo!
Además, el trabajo legislativo se mide fundamentalmente por la cantidad de decretos que se emiten y no por la calidad, pertinencia o necesidad de ellos. De ahí que estemos inundados de leyes y regulaciones, buenas, malas, complicadas, absurdas, obsoletas, líricas y hasta ilegibles. Todo, absolutamente todo, está normado hasta el más mínimo detalle, aunque la observancia y aplicación de las disposiciones dejen muchísimo que desear. O sea que existe incumplimiento e impunidad en donde todo está regulado en exceso. ¡Qué insoportable ironía!
Sin embargo, en vez de concentrarse en deslegislar (suprimir leyes vigentes no positivas) y desregular (liberalizar y desreglamentar) áreas estratégicas para el desarrollo económico, que sería lo aconsejable y prudente, los políticos y tecnócratas se esmeran en decretar más y más reglas y preceptos, muchos de estos obstruccionistas o asfixiantes de la inversión y la diversificación productiva, del emprendimiento competitivo y del desarrollo tecnológico, así como otros antieconómicos, confiscatorios y estatistas, por supuesto siempre a espaldas de la población y al amparo de la norma escalofriante que dicta que la ley y demás regulaciones se presumen conocidas por todos los ciudadanos por el hecho de haber sido publicadas en el diario oficial, al cual muy pocos tienen acceso.
En mi opinión, la única manera de que los ciudadanos realmente conozcan y tomen conciencia de la importancia e impacto de la ley, es que participen en su elaboración. Con tal fin, todos los proyectos de ley (y con mayor razón los proyectos de reforma constitucional) deberían ser ampliamente difundidos y debatidos, sin obsesivas premuras o urgencias. Es más, debería exigirse, como requisito de admisión, que a todo proyecto de ley se adjunte un análisis del costo-beneficio económico y social que supondría su vigencia.
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