Publicado por el Periódico el 14 de febrero 2017
http://elperiodico.com.gt/opinion/2017/02/14/hacia-un-consenso-para-la-reforma-constitucional/
La necesidad de postergar la discusión sobre la Jurisdicción Indígena.
Reformar la Constitución para fortalecer el Sector Justicia resulta imperativo. Es urgente modificar el sistema para designar magistrados y sustituir las caducas Comisiones de Postulación por un sistema meritocrático de carrera judicial. Es necesario otorgar mayor independencia a jueces y magistrados, ampliando el período de sus cargos y reduciendo la influencia de actores políticos sobre los órganos jurisdiccionales. También es necesario revisar el proceso de elección de Fiscal General o la integración de la Corte de Constitucionalidad. Todo eso está contenido en la Iniciativa de Reforma Constitucional al Sector Justicia.
Sin embargo, el debate sobre la reforma a los órganos judiciales ha quedado relegado, ya que la atención se ha enfocado en la jurisdicción indígena. Y el problema ha sido que en esta discusión ha faltado la información, mientras han sobrado los prejuicios.
Hace una semana publiqué varias preguntas que he planteado a autoridades indígenas, a expertos en la materia y a los promotores de la reforma. Al reconocer una jurisdicción alterna, surgen dudas válidas sobre el ámbito de aplicación material, la competencia personal, los alcances y límites, o cómo funcionarán los controles de constitucionalidad. Y en seis meses de buscar respuestas, concluyo que, o no hay respuestas claras, o existen tantas como visiones personales sobre el tema. Y esto tan solo ocurrió en aquellos casos en que coincidí con interlocutores que se tomaron el tiempo de atender mis interrogantes. Resultaba más fácil recurrir al prejuicio: tildarme de racista, o denigrar mi búsqueda de información por motivos de mi formación personal o mi visión ideológica. Pero también ha resultado evidente la desidia generalizada que acompaña la discusión: entre quienes señalan sin fundamentos, como de quienes apoyan ciegamente una reforma sin detenerse a evaluar sus implicaciones y efectos.
Pero al final del día, hablamos de modificar el pacto social, que establece las normas supremas de convivencia en el país y de funcionamiento de las instituciones públicas. Y ninguna reforma constitucional puede construirse sobre la falta de información o sobre la lucha de prejuicios.
Como resulta imperativo atender la reforma a los órganos de justicia, quisiera proponer una ruta de consenso. Primero, separar la reforma orgánica del Sector Justicia de un tema político-social como es la jurisdicción indígena. Segundo, que la reforma judicial continúe su proceso, y que se aplace la discusión sobre la jurisdicción indígena para dar lugar a un debate más amplio que permita comprender mejor su funcionamiento, resolver las interrogantes existentes o identificar la mejor ruta jurídico-política para abordar el tema. Hay quienes señalan que con el Artículo 66 constitucional ya es suficiente; otros argumentan que debería regularse por la vía de legislación ordinaria; o que su regulación ocurra a través de jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. O si resultase necesario el reconocimiento legal, discutir controles como el criterio de voluntariedad o los límites materiales y personales a la jurisdicción, por mencionar algunas posibilidades. Pero ello solo es posible si hay más información, discusión y análisis.
Sería una lástima perder la oportunidad de reformar y fortalecer la institucionalidad judicial. Por lo tanto, lo más sensato es postergar la discusión sobre el reconocimiento de la jurisdicción indígena y enfocarnos en lo urgente: rescatar y fortalecer el sistema de justicia.
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